Después de que la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) haya revelado que el Gobierno maneja subir las bases máximas de cotización entre un 10 y un 12 por ciento, el Ejecutivo reconoció ayer que estudia hacer cambios en este campo, aunque aseguró que cualquier modificación "tendrá que pasar por el Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social" antes, según la ministra portavoz, Isabel Celaá.
Mientras, los actores afectados hacen cuentas sobre cómo les afectaría una modificación de este calado. Concretamente, la CEOE calcula que subir la cotización máxima al 12 por ciento costaría a empresas y trabajadores más de 2.103 millones de euros al año.
De esta cifra, según la patronal, 1.761 millones corresponderían a las empresas. El resto, unos 342 millones, saldría de los trabajadores afectados. Por afiliados, el incremento anual sería de 2.103 euros.
En cualquier caso, estas cifras pronostican el peor escenario, en el que la subida sería del 12 por ciento. Si el alza de las bases de cotización fuera del 10 por ciento, el coste de la Seguridad Social sumaría 1.752 millones anuales más, de los que 1.467 millones corresponderían a las empresas y otros 285 a los trabajadores. Por afiliado, el incremento sería de unos 1.752 euros.
Este aumento afectaría a los 1.065.198 afiliados que tiene la Seguridad Social en base máxima de cotización, según el dato más actualizado del que se dispone al respecto, que es de agosto de 2017.
Ante estos eventuales incrementos, la CEOE considera que "tendrían un impacto directo en el empleo en un momento en el que, como venimos reiterando, se están empezando a notar los efectos de las desaceleración económica".
Además, la patronal asegura que las empresas españolas ya pagan más por cotizaciones a la Seguridad Social que la media de la Unión Europea, tanto en porcentaje de Producto Interior Bruto (PIB) como en términos de recaudación impositiva. Según los datos de Eurostat, en 2016 los empresarios españoles invirtieron en contribuciones a la Seguridad Social una cantidad equivalente al 8,2 por ciento del PIB español y un 24,7 por ciento de la recaudación de aquel año, mientras que la media de los 28 Estados miembros se quedó en el 6,8 por ciento del PIB y en el 17,5 por ciento de la recaudación.
Satisfacción sindical
En cambio, los sindicatos valoraron muy positivamente la posibilidad de incrementar las bases de cotización máximas hasta un 12 por ciento. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que la subida es "un camino que todo el mundo esperaba", que planteó su sindicato desde hace años y que es "imprescindible", ya que "situará el sistema de Seguridad Social español a la altura de los países del entorno europeo". Para Álvarez, la medida supone una línea positiva a seguir, "teniendo en cuenta que tendremos que acabar de discutirlo en la mesa de diálogo social sobre las pensiones", opinó.
Así lo confirmó el Ministerio de Trabajo que, al igual que Celaá, aseguró ayer que cualquier medida de este tipo será sometida a debate previo tanto en la mesa de diálogo social, con patronales y sindicatos, como en el Pacto de Toledo, la comisión permanente para el seguimiento sobre el estado de las pensiones públicas del Congreso de los Diputados.
Con todo, Trabajo también aseguró que aún no hay ninguna propuesta cerrada de incremento para llevar a alguna de estas mesas. Todo ello a pesar de que la AIReF desvelara el jueves que el Gobierno pretende obtener entre 1.000 millones y 1.100 millones con esta iniciativa, que además no figura en el Plan Presupuestario que Moncloa envió a la Comisión Europea la semana pasada para ser evaluado. En este sentido, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran a elEconomista que el incremento de las bases máximas de cotización no se propone para aumentar los ingresos, a pesar de que la Autoridad Fiscal advirtiera de que al Ejecutivo podrían fallarle unos 2.100 millones en sus pronósticos de recaudación para 2019. De hecho, aseguran que, a pesar de que no figure explícitamente, la medida surge de uno de los puntos del acuerdo entre Moncloa y Podemos, el de ejecutar acciones para asegurar el presente y la futura sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social.
