El pasado jueves conocimos dos nuevos sablazos del Gobierno de Sánchez: por una parte, una subida de la cuota mínima de autónomos, la que pagan el 86% de los trabajadores por cuenta propia, de entre 40 y 50 euros al mes. Ya no es una sorpresa, pero solo ocho días antes, Sánchez mintió en el Congreso, cuando aseguró, a preguntas de Albert Rivera que "nosotros no vamos a subir las cuotas mínimas a los trabajadores autónomos como consecuencia del salario mínimo interprofesional en 900 euros."
Ante esto, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, principal responsable con Sánchez de estos sablazos fiscales y sociales, ha aparentado un enorme enfado y ha comunicado que su próxima pregunta de control a Pedro Sánchez en el Congreso será: "¿Qué va a hacer el Gobierno para garantizar que no se le sube la cuota a ningún autónomo y se le baja a los que menos ingresan, tal y como contempla el acuerdo suscrito entre el Gobierno y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?". Huelga decir que sin los votos de Podemos no hay presupuestos, ni tampoco subidas fiscales de ningún tipo.
El segundo sablazo secreto se desveló el jueves por la tarde en la comparecencia del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, celebrada en la comisión de Presupuestos del Congreso a solicitud de Ciudadanos. El Gobierno de Sánchez va a subir las bases máximas de cotización entre un 10 y un 12%, para obtener unos ingresos de entre 1.000 millones y 1.100 millones de euros, con los que evitar el descuadre absoluto de las cuentas y poder pasar el examen europeo, literalmente a cualquier precio.
Solo la subida de un 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) supondría una pérdida de 160.000 puestos de trabajo, según estimaciones del Banco de España
Las dos medidas, subir las cotizaciones del 86% de los autónomos, y aumentar las bases máximas de cotización son, de una forma u otra, incrementar las cargas y los costes del empleo, por cuenta propia y ajena: son simplemente más impuestos al empleo. Solo la subida de un 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) supondría para la Airef una pérdida de 40.000 empleos en 2019, y otros 20.000 en años posteriores. Es una estimación optimista, ya que para el Banco de España, en un reciente estudio oficial, las cifras serían cuatro veces peores: podríamos hablar de la destrucción de 160.000 puestos de trabajo. A este primer efecto sobre el empleo, solo derivado del drástico incremento del SMI, habría que añadir el efecto de las subidas de las cotizaciones sociales, tanto sobre el empleo autónomo como sobre el empleo asalariado.
El paro es el principal problema de España, aunque el CIS de Sánchez y Tezanos le dedique muchas menos preguntas que a la "crispación política". Por esa razón, este plan presupuestario no solo no cuadra, sino que tiene las prioridades completamente equivocadas. Además, el au-mento de las cotizaciones llevará a algunos autónomos a ocultar sus actividades, incrementando la economía sumergida.
Por otra parte, el aumento de los costes laborales, sociales y fiscales de las empresas disminuirá su competitividad, lastrando las exportaciones. Aquí no solo estamos hablando del incremento de salarios y cotizaciones sociales, sino también del incremento del coste del combustible más utilizado, el diésel, a consecuencia no sólo del incremento del precio del crudo, sino también del dieselazo, el subidón de impuestos ese combustible que Sánchez ha previsto en los presupuestos de 2019.
Todo esto coincide con el precio de electricidad en máximos, que incluso ha sido el motivo del anuncio del cierre de dos plantas de aluminio. Pero no solo hablamos de los costes sociales, fiscales y energéticos, sino también de los costes financieros: la prima de riesgo ha subido de forma acusada durante el Gobierno de Sánchez, tanto por el riesgo de contagio italiano, como, fundamentalmente porque las cuentas del Ejecutivo socialista no cuadran.
Cuando lleguen unos presupuestos al Congreso, si es que llegan, habrá 6.000 millones más en recortes o en subidas de impuestos, que por supuesto no pagarán los ricos, sino los de siempre
Como ya comentamos la semana pasada, estas cuentas se debían ajustar a la senda de déficit aprobada por las Cortes Generales y no, desde luego, a la senda rechazada por el Congreso el pasado 27 de julio: esto supone una diferencia de 6.247 millones de euros. Esto quiere decir que, cuando lleguen unos presupuestos al Congreso, si es que llegan, habrá 6.000 millones más en recortes o en subidas de impuestos, que por supuesto no pagarán los ricos, sino los de siempre.
Además, la Airef detecta un mínimo de 360 millones de euros de exceso de gasto, aunque la mayoría de las medidas del pacto Podemos-Gobierno no se han presupuestado. Esto no quiere decir que se vayan a llevar a efecto medidas como eliminar ciertos copago o incrementar la inversión en ciencia, o sí, pero que probablemente se introduzcan en el trámite parlamentario, incrementando el desfase presupuestario.
Lo que es más preocupantees que hay una diferencia de unos 2.100 millones entre la estimación conservadora de la Airef, y los cálculos de las subidas de impuestos del Go-bierno. Una parte de esta diferencia se cubrirá con la subida de las cotizaciones sociales, y quedará un desfase de unos 1.000 mi-llones. Sin embargo, en la oficina económica de Ciudadanos somos mucho más escépticos: estamos convencidos de que el desfase será muy superior, y no bajará de 2.300 millones.
Por una parte, creemos que la estimación del Banco de España es correcta, lo que llevará a que la destrucción de empleo derivada de una subida abrupta del SMI compense la subida de cotizaciones en el régimen general. Aquí hay una diferencia de 500 millones de euros. Por otra parte, consideramos que el establecimiento de un tipo mínimo del 15 por ciento sobre la base imponible del impuesto de sociedades no aportará recursos significativos. Esto supone una diferencia de otros 900 millones de euros. José Luis Escrivá, el pasado jueves, admitió que en esta cuestión se habían fiado de las estimaciones y microsimulaciones del Gobierno.
La razón no solo es que las grandes empresas ya paguen un 19 por ciento sobre la base imponible, sino que la propia ley del impuesto tiene todo tipo de límites que impiden que se pague mucho menos. Las grandes empresas tienen deducciones acumuladas que les permiten pagar menos impuestos en el futuro. Si no pagan menos es porque normas como el artículo 39 de la ley del impuesto, por ejemplo, impiden que las deducciones absorban ordinariamente más de un 25 por ciento de la cuota íntegra, por muchas deducciones que se tengan. Una gran empresa puede ganar 100, generar una cuota íntegra de 25, y sobre eso no se podrá deducir más que un 25 por ciento, lo que son 6,25, lo que dejan 18,75 a pagar. Aquí establecer un tipo mínimo del 15 por ciento es irrelevante, porque las grandes empresas ya tienen límites que les obligan a pagar más, por lo que el límite queda bien, pero no recauda nada.
Por último, los dos nuevos impuestos, a las transacciones financieras y, especialmente, a las multinacionales tecnológicas, darán mucha menos recaudación de la prevista, por lo menos en 2019. Aquí hay dos cuestiones, por una lado el tiempo necesario para aprobar las leyes, que no están ni en fase de anteproyecto, y en segundo lugar, la implantación y el adquirir un mínimo de experiencia para gestionar nuevos tributos, que ni siquiera están coordinados a nivel europeo. Francia, el primer año que implantó su tasa a las transacciones financieras apenas recaudó, nosotros no podemos esperar otra cosa. Y mucho menos podemos esperar recaudar una cuantía significativa en el primer año de implantación de un impuesto que nunca se ha aplicado en ninguna parte, como es el de las multinacionales tecnológicas.
Con ser graves los sablazos y las medidas contra el empleo de Sánchez, lo peor de todo es que las cuentas descuadren y mucho de entrada. Después queda el peaje, fiscal y de vergüenza de Lledoners (ERC), de Waterloo (PdeCat) y el que exijan en Ajuria Enea (PNV). Cuando las cuentas son un puro cuento, los hachazos llegan más pronto que tarde.
