Los Presupuestos de 2019 enviados por el Gobierno a Bruselas incluyen un impuesto del 3% enfocado a recaudar 1.200 millones de las grandes tecnológicas, denominado como tasa Google, que gravaría la publicidad, la venta de datos de los ciudadanos y las transacciones entre los particulares y el comercio.
La medida tratará de gravar un mercado digital en el que ingeniería fiscal y las argucias de las tecnológicas son recurrentes para tratar de pagar los menores impuestos posibles. Por ello, el ministerio encabezado por María Jesús Montero quiere poner coto a algunas de las posibles medidas de las tecnológicas para evitar su tributación en España.
Entre ellas, el Ministerio de Hacienda prevé castigar a quien falsee u oculte las direcciones IP (la matrícula con la que se navega por internet) así como la localización, que puedan servir como prueba de que el usuario ha consumido el servicio online en el país.
La idea del nuevo impuesto es gravar a las empresas tecnológicas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, con lo que el foco está puesto en gigantes como Amazon, Google, Uber, Airbnb o Facebook.
Además, la documentación enviada a Bruselas aclara que el impuesto tendrá una liquidación con carácter trimestral y se aplicará sobre cada operación o servicio realizado por una de estas compañías.
