Ante la imposibilidad de aprobar un nuevo déficit máximo del 1,8% para 2019 -por el más que seguro veto de un Senado dominado con mayoría absoluta por el PP- y la obligación de tener que asumir el déficit ya aprobado del 1,3%, la única salida que le queda al Gobierno de Pedro Sánchez para cumplir con su promesa de presentar unos Presupuestos Generales del Estado expansivos es incrementar su recaudación. Y lo va a hacer mediante una estrategia fiscal con la que el Ejecutivo quiere ingresar unos 10.287 millones de euros más el próximo año.
Esta cantidad supone unos 3.000 millones más de recaudación de lo previsto, a tenor de las medidas anunciadas por el Gobierno, en septiembre. El Ejecutivo espera que la mayor baza para incrementar los ingresos de 2019 sea el Impuesto de Sociedades, con 4.000 millones más previstos. El Ministerio de Hacienda quiere subir al 15% el tipo mínimo de este tributo para empresas que facturan más de 8 millones, un ascenso que en el caso de los sectores de la banca y de los hidrocarburos será del 18%.
Otra medida que, si bien no está confirmada aún, el Gobierno está estudiando muy detenidamente es la equiparación de las rentas del trabajo y del capital en contribuyentes por encima de los 140.000 euros, una iniciativa con la que se ingresarían unos 1.500 millones, según el plan de presupuestos alternativos que presentó el PSOE en mayo.
A esto hay que sumar los 600 millones de ingresos previstos por la equiparación fiscal del diésel con la gasolina -medida promovida en el marco de una fiscalidad más verde -y otros 637 millones que llegarían de la subida del IRPF a las rentas de más de 140.000 euros.
Además, no hay que olvidar que, tal y como informó este jueves en la Comisión correspondiente del Senado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno se plantea gravar con un 5% los beneficios de las empresas españolas en países extranjeros.
Nuevas figuras fiscales
El Ejecutivo también plantea recopilar fondos a través de la creación de nuevas figuras fiscales, cuya tramitación parlamentaria -a través del proyecto de ley correspondiente- se iniciará en noviembre, junto al proyecto de Presupuestos, "o incluso antes", según Montero.
Se trata del impuesto a las transferencias financieras -cuya recaudación prevista es la 1.300 millones de euros- y la conocida como tasa Google, un tributo para las grandes corporaciones digitales que gravará al 3% las operaciones que ejecuten en España. Con esta figura el Ejecutivo quiere poner coto y dar un tratamiento fiscal adecuado a las empresas del entorno de la economía colaborativa, entre ellas gigantes como Airbnb o Uber, puesto que considera que hacen "competencia desleal" en sectores como el alojamiento y el transporte. Con todo, la activación de estos tributos dependerá de si el Congreso respalda su aprobación.
