El viernes pasado, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley de mercados de instrumentos financieros, conocida como Mifid II, que traspone la Directiva 2014/65. Esta es una de las diez normas comunitarias que la ministra de Economía, Nadia Calviño, encontró en trámite de sanción por haber incumplido los plazos impuestos por Bruselas para su trasposición, y una de las tres con los procesos más avanzados, con riesgo muy alto de sanción comunitaria.
Fuentes del Ministerio explican que de estos diez procesos abiertos por las instituciones comunitarias por Directivas que les corresponde trasponer -otros ministerios también tienen textos ya prescritos-, el más avanzado es el de la Directiva 2014/17 de crédito hipotecario, pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Estas mismas fuentes dan por seguro que España tendrá que afrontar una multa millonaria de 105.991 euros por cada día que, tras la sentencia, la norma no haya entrado en vigor. Actualmente, se espera que el tribunal de Estrasburgo falle, lo que se espera para este otoño.
Ralentizada por el Senado
El Gobierno solicitó a la Mesa del Senado que tras acelerar los trámites en el Congreso, se diese urgencia en la Cámara Alta para aprobar el texto en un par de semanas. Sin embargo, en Economía no comprenden que la Mesa del Senado, controlada por el PP, no haya validado la urgencia de un texto que el Gobierno Rajoy remitió al Parlamente. Esto implica que el plazo se alargará dos meses como mínimo y con toda seguridad habrá que afrontar la multa de Bruselas.
Las otras dos normas cuyos procesos están en el TJUE son la ya citada Directiva Mifid II y la 2015/2392 de abuso de mercado, cuya demanda entró en el tribunal el 16 de octubre de 2017. La remisión el pasado viernes por parte de Economía al Consejo de Ministros del RDL que desarrolla la primera, no supone haber cerrado el proceso de sanción. El texto remitido al Parlamento debe ser aprobado y, aunque el RDL va con urgencia, debe cumplir los plazos. Además, para completar la trasposición todavía queda por aprobar el reglamento que se desarrollará mediante Real Decreto. Sin embargo, este no podrá enviarse al BOE hasta que no se haya aprobado primero el RDL.
La tercera directiva en riesgo inminente de multa, la referida a abuso de mercado, está, al igual que la de Crédito Hipotecario, en trámite parlamentario. Ya se ha cerrado el plazo de enmiendas.
Otras cuatro directivas bajo la tutela de Calviño todavía están amenazadas de sanción, pero todavía se encuentran en distintas fases de la tramitación de la Comisión (CE). En recurso de incumplimiento está la Directiva 2013/36 cuyo plazo de trasposición cumplió el 31 de diciembre de 2013, la más retrasada de las que dependen de Economía. Otras dos están en dictamen motivado, la 2014/91 sobre información no financiera de las inversiones colectivas y la 2014/95, las tres ya en proceso parlamentario.
La cuarta, en fase de carta de emplazamiento, es la Directiva 2015/2366 de servicios de pago, cuyo texto está todavía en manos de Ministerio de Economía.
Frente a estas siete directivas con riesgo de sanción, Economía ya ha salvado de la quema otras tres. Se tratan de la Directiva 2015/849 de blanqueo de capitales (que estaba en fase de dictamen motivado), la 2014/50 de movilidad de los trabajadores con la protección de los compromisos de sus planes de pensiones y la 2016/1148, de seguridad de redes -NIS-, ambas en carta de emplazamiento.
En estos tres casos, los servicios jurídicos del Ministerio revisaron los textos elaborados por el anterior Gobierno para comprobar que se limitaban a la mera trasposición y no incorporaban preceptos que fuesen más allá de las exigencias comunitarias. Así aseguraban un trámite más ágil en el Congreso. El 31 de agosto se presentaron tres Reales Decretos Leyes en el Congreso y hace diez días pasaron el trámite parlamentario y ya están en el BOE.
Dos textos más están fuera de plazo -una lo flanqueó hace dos años y el otro hoy mismo-, pero Bruselas no ha abierto procesos. Además, Economía ha acelerado otras cinco Directivas que están en plazo, aunque con límites apurados. Uno caduca este año, dos el próximo y otros dos en 2020.
