El Gobierno sigue apostando por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 para lanzar subidas de impuestos o nuevos tributos. Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, confirmó este lunes que esta iniciativa portará tanto el alza fiscal del diésel, por la que este combustible se igualará a la gasolina, como un impuesto a transacciones financieras. Sin embargo, Sánchez, durante su entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Ser, evitó referirse o hablar del impuesto a la banca que su Gobierno prometió al inicio de su mandato y que es una de las reclamaciones de Podemos en el marco de las negociaciones para que la formación apoye el techo de gasto gubernamental.
En cambio, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el atribulado impuesto a la banca es en realidad el tributo a transacciones financieras antes mencionado, puesto que es la fórmula más factible para ejecutarlo. "Se han analizado muchas medidas y posibilidades para ello y la que parece más factible y viable es esta", indican a elEconomista, precisando que no hay estimación sobre los ingresos suplementarios que podría generar esta medida tras su puesta en marcha. Con todo, en los presupuestos alternativos que el PSOE presentó este mismo año antes de hacerse con la Presidencia de Gobierno, el impuesto a la banca se planteaba de forma independiente al de transacciones financieras, con una recaudación aproximada de 1.000 millones de euros por cada uno de ellos.
Los citados impuestos irían acompañados en los próximos Presupuestos por la subida del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades al 15%, según indicó María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Se trata de una medida en la que también estaría de acuerdo el partido de Pablo Iglesias, aunque, en cambio, no contaría con el indispensable apoyo de los nacionalistas del PDeCAT.
Las entidades bancarias no solo temen el nuevo impuesto a las transacciones financieras sino también la reforma de Sociedades
Desde que llegó a La Moncloa, se daba por hecho -de acuerdo con los mensajes lanzados- que Sánchez iba a poner en marcha dos impuestos a la banca. Uno finalista, para intentar paliar el déficit de la Seguridad Social, y otro para las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin. Con el primero, de acuerdo con su plan lanzado en enero, meses antes de la moción de censura, el PSOE presentó una propuesta para recaudar unos 1.000 millones de euros con una tasa a las entidades financieras para pagar las pensiones. De hecho, este gravamen finalista había levantado ampollas en el sector financiero, ya que no se puede cargar a un colectivo de manera indiscriminada, hasta el punto de que algunos bancos, como el Santander, habían amenazado públicamente con trasladar su sede a otro país debido a la inseguridad jurídica.
Las entidades, además de a estos dos impuestos, se enfrentaban en las últimas semanas a la limitación en Sociedades. Debido a la cantidad tan relevante de activos fiscales diferidos -deducciones por provisiones y pérdidas del pasado- el sector bancario es el más perjudicado por los topes en la usabilidad de estos instrumentos.
Por otro lado, todavía hay cuestiones que afectan al sector financiero y que todavía no se han tocado en la negociación entre el Gobierno y Podemos. Esta semana se va a abordar una nueva regulación para las sociedades de inversión de capital variable (sicav) y de las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado (socimis), de manera que estos entes tributen por sus beneficios.
