El Gobierno prepara cambios para el listado de paraísos fiscales (territorios opacos en cuanto a las transacciones y con baja o nula tributación) que maneja España. Fuentes del Ministerio de Hacienda indican que se va a ejecutar una actualización siguiendo los criterios que activó a finales del año pasado la Comisión Europea y que llevaron a que Bruselas solo considerara bajo esta condición a nueve zonas del mundo, una relación en la que destaca la ausencia de entornos de alta opacidad fiscal como Gibraltar, Mónaco o Islas Caimán que, por cierto, sí figuran a día de hoy en la relación nacional. De ahí que todo apunte a que la nómina española de paraísos fiscales, que consta de unas 33 áreas geográficas, vaya a adelgazar.
Pero las reglas de la Comisión no se van a aplicar a rajatabla. Desde el departamento que dirige María Jesús Montero, aseguran que Gibraltar no se hallará entre los paraísos excluidos, al menos por ahora. Por otro lado, precisan que el asumir las normas europeas para territorios fiscales offshore no tiene por qué implicar que el listado español vaya a sufrir una severa reducción, aunque reconocen que esta posibilidad está sobre la mesa.
Esta medida, según Hacienda, forma parte de la guerra fiscal que, desde que empezara su andadura como presidente de Gobierno, ha declarado Pedro Sánchez a evasores y y defraudadores. Los paraísos fiscales son los destinos favoritos de los evasores y básicos para la estrategia de elusión de impuestos de numerosas empresas multinacionales. Aunque no existen estimaciones oficiales, sí que hay estudios, como una investigación conjunta de las universidades de Noruega, Copenhague y Berkeley (California), que señalan que el 9,8% del producto interior bruto (PIB) mundial se encuentra en ellos, y sin declarar.
En el caso de España, la primera relación de paraísos fiscales se creó vía real decreto en 1991 e incluyó unos 48 territorios. Se trata de una lista que solo se ha modificado una vez. Fue en 2004, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tachó unos 15, quedando conformada finalmente por 33 áreas geográficas. Sin embargo, todo indica que este listado va sufrir una severa reducción.
Territorios dañinos
"No solo hablamos de que la lista española se pueda reducir mucho, sino de sacar territorios que nospueden hacer mucho daño", opina Francisco de la Torre, presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso y de Ciudadanos. "Un paraíso fiscal es más dañino cuanto más cerca está: no es lo mismo tener uno en la puerta de casa que al lado de Nueva Zelanda".
En cualquier caso, De la Torre juzga como "discutible" la aplicación e interpretación de las directivas europeas que podría llevar a cabo el Gobierno, sobre todo porque implicarían suprimir otros territorios que dependen del Reino Unido justo cuando este estado va a abandonar la Unión Europea.
"Una cosa es que se apliquen los criterios de Bruselas y otra que no aparezcan territorios de países de la UE en el listado español", aclara Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) quien coincide con De La Torre. "Este tipo de exclusiones no se debería dar".
De hecho, indica que habría que revisar y valorar "cómo están funcionando los convenios y acuerdos" con estas áreas de baja tributación en virtud por los que se comprometen a colaborar con las autoridades fiscales internacionales y mantenerse así fuera de los listados de paraísos fiscales.
Cifra ridícula
"Tengo curiosidad por ver cómo concreta el Ministerio de Hacienda la actualización", considera José María Peláez, técnico e inspector de Hacienda y experto en blanqueo de capitales, quien tilda la relación de paraísos fiscales que creara Bruselas en 2017, que, con 18 estados en su origen, solo unos meses más tarde quedó reducida a la mitad, de "ridícula y absurda, sobre todo por Gibraltar. Sería absurdo que España tenga una lista de paraísos fiscales y no estuviera Gibraltar".
Sin embargo, la clave para combatir la evasión de capitales a estos territorios no está tanto en el listado como en las medidas adicionales (no planteadas por Bruselas) que la Hacienda española pueda aplicar, que sí significarían un endurecimiento de su guerra fiscal. Aunque la legislación nacional ya prevé algunas, como una comprobación de información y documentación más profunda de personas físicas y sociedades que mantengan operaciones en estas regiones, son necesarias disposiciones "coercitivas y efectivas", opina.
Lo cierto es que las empresas españolas ni temen ni se sienten limitadas por el marco legal . Todas las entidades del IBEX 35 (excepto AENA) tienen sucursales o relación con empresas en paraísos fiscales, según el Observatorio de RSC. Entre 2007 y 2015 se cuadruplicó el número de filiales de sociedades de origen español presentes en estos territorios, alcanzando las 1.285. "Da una idea del miedo a la legislación antiparaísos: les da lo mismo", apunta.
En las consecuencias y perjuicios que pudieran sufrir los territorios por cobijar una fiscalidad offshore se encuentra la solución, apunta Peláez. "Por ejemplo, que los bancos no pudieran hacer operaciones con estos estados o que a ninguna sociedad establecida en ellos se le reconociera personalidad jurídica para operar en España. Solo hay que imaginarse el efecto inmediato que tendrían dos medidas de este calado en Gibraltar".
