El Ministerio de Fomento ha abierto la puerta a sacar de las ciudades más de 7.100 vehículos de Uber y Cabify para sellar la paz con el taxi, que lleva varios días bloqueando Madrid y Barcelona y ha amenazado con una huelga indefinida a nivel nacional. Según explican desde el gremio, el secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte, Pedro Saura, se ha comprometido a que el Consejo de Ministros del 14 de septiembre apruebe un Real Decreto Ley que contenga el 1/30 y "delegue competencias en las comunidades autónomas" para que puedan crear una nueva licencia con la que limitar el acceso de las VTC a los centros urbanos, donde, en principio, no podrían hacer servicios con origen y destino en el mismo municipio. "Fomento se ha comprometido a aprobar el 14 de setiembre un Real Decreto que abogará porque se haga efectivo el ratio 1/30 en las calles", asegura Jesús Fernández, vicepresidente de Antaxi, a este diario. Un extremo el propio Ministerio ha confirmado en parte: "Vamos a ofrecer al taxi un Real Decreto-Ley con el que se conseguirá dar estabilidad y resolver el problema definitivamente".
En esta línea, el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha explicado a este diario que Fomento ha prometido que van a trabajar para conseguir que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tengan las competencias para "poder regular las VTC en su suelo" y "crear licencias urbanas". A su vez, aseguró que el Ministerio está dispuesto a establecer una serie de mecanismos garanticen el cumplimiento del ratio 1/30 en los municipios, independientemente de la ideología del partido que gobierne. "Fomento nos ha dicho que el cambio no se puede hacer en dos días y se han comprometido a enseñarnos el texto antes para asegurarnos de que cumple los requisitos", asegura Álvarez a este diario.
Fuentes del sector señalan que Fomento está buscando la manera de hacer legal, cuanto antes, el reglamento aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona que introduce la creación de una licencia urbana que solo se dará a 356 vehículos de Uber y Cabify para recuperar el ratio 1/30 en la Ciudad Condal. Actualmente hay algo más de 1.363 licencias VTC operativas en Barcelona frente a 10.702 taxis. El reglamento aprobado por Ada Colau ha sido recurrido y suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque invade las competencias de Fomento al regular un medio de transporte estatal.
Según explican desde el gremio, la idea sería replicar el reglamento de Barcelona en el resto de España, abriendo la puerta a que unos 7.100 vehículos con licencias VTC que actualmente circulan por las ciudades dejen de poder operar en ellas en plena competencia con el taxi. Y es que, según los últimos datos publicados por Fomento, en España hay 9.366 licencias de VTC operativas por unos 69.972 taxis, según los datos del INE de 2017. Así, para recuperar el ratio 1/30 habría que eliminar el 75%, unas 7.034 licencias sin contar las más de 5.000 solicitadas antes de noviembre de 2015 que están pendientes de salir. O en su caso, sólo se daría la segunda licencia para operar en territorio urbano a unos 2.300 vehículos. "Vamos a ofrecer al sector del taxi un marco regulatorio con el que se conseguirá dar estabilidad y recomponer el equilibrio perdido con el objetivo de tender a la ratio 1/30", explicó por su parte Pedro Saura en un comunicado oficial del Ministerio de Fomento.
Como no se pueden eliminar estos permisos, el plan sería reducir su ámbito de actividad para que solo puedan realizar servicios interurbanos o entre comunidades autónomas. Una iniciativa que es muy complicada llevar a cabo legalmente, ya que afectaría de lleno a los derechos adquiridos de los actuales titulares de las VTC, y traería consigo la reclamación de millones de euros en indemnizaciones y cientos de procesos judiciales. Y es que, en principio, la ley no puede ser retroactiva por lo que un cambio sólo afectaría a las próximas licencias que estén por venir y si se quiere aplicar el cambio a las actuales supondría una especie de expropiación parcial al minorar los derechos de las mismas y modificar el título que fue otorgado, explican fuentes jurídicas.
En este punto, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, de ha comprometido a presentar durante la Conferencia Nacional de Transportes la propuesta de la transferencia de competencias para "hacer viable jurídicamente la licencia urbana". Paralelamente, ha indicado, se va a trabajar con los grupos parlamentarios para tratar de avanzar en los acuerdos que puedan llevar a su aprobación lo más rápido posible.
Y es que, si el Ejecutivo quiere transferir a las CCAA o los ayuntamientos la competencia regulativa de las VTC tiene que modificar la ley orgánica 5/1987 de delegación de facultades del Estado en las CCAA en relación con los transportes por carretera y de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (Lott), para lo cual necesita una mayoría reforzada, el respaldo de las propias autonomías y una tramitación parlamentaria. Es decir, no serviría un Real Decreto Ley.
Fomento también ha confirmado que el Consejo de Ministros va a hacer una declaraciones política el viernes 3 de agosto para mostrar su apoyo al gremio. "Se hará una declaración política que recoja la hoja de ruta para fijar un marco ordenado y estable del transporte de viajeros en vehículos de turismos (taxi y VTC) con el objetivo de reequilibrar la actividad de ambos sectores, una vez constatado que la ratio recogida en la legislación actual no se cumple", dijo Fomento.
Por su parte, desde Unauto criticaron las cesiones del Ejecutivo al sector del taxi ya que ponen en peligro su negocio. "No podemos entender que el Gobierno pueda cuestionarse siquiera ceder al chantaje del sector del taxi para continuar con su monopolio y eliminar cualquier tipo de competencia", declaró Eduardo Martín, presidente de la patronal de VTC, Unauto. Tras la reunión de hoy con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, se ha mostrado "moderadamente satisfecho" tras la reunión celebrada para optar por el "diálogo y el consenso" entre las partes.
