Sabedora de que no podrá liquidar las líneas fundamentales de la reforma laboral del PP de 2012, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, preparó el jueves el terreno para al menos modificar algunos de los aspectos más controvertidos de la norma que rige el mercado laboral.
La ministra se reunió con los líderes de las organizaciones sindicales UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, y de las patronales CEOE, Joan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi, para iniciar los trabajos de la mesa de diálogo social, una de las premisas del nuevo Gobierno en materia de empleo. Y como resultado: la creación de cinco mesas de trabajo para tratar distintos aspectos de la reforma laboral y la determinación de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para modificar los elementos "más negativos" de la ley del PP, como apuntó la ministra.
"Se reanuda el diálogo social, no vamos a esperar ni un minuto para trabajar por el bien de una ciudadanía que espera respuestas a problemas del día a día", aseguró Valerio.
En este sentido, el estocazo a la medida del PP se realizará desde cinco flancos. El primero de ellos es en el área de las relaciones laborales, prevención de riesgos, calidad del empleo, políticas activas y sistemas de protección por desempleo. En la segunda mesa de trabajo se estudiarán avances en formación y cualificación profesional, donde además se esperan decisiones "unánimes" por parte de los actores sociales. El tercer terreno que explorará el Gobierno es la mesa de la Seguridad Social para tratar temas de cotizaciones, pensiones, el Pacto de Toledo y la acción protectora del sistema. En cuarto lugar se pondrá el foco sobre el asunto de la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres.
Por último, se abrirá una mesa de trabajo para la lucha contra la economía sumergida que abordará el fraude fiscal, el fraude a la Seguridad Social y a las cotizaciones, donde además habrá representación de los ministerios de Economía y Hacienda, y que liga con las líneas de actuación del Plan Director por un Trabajo Decente planteado por el presidente Pedro Sánchez.
