El envío de la carta de las pensiones sigue sin materializarse, sumido en una espera sine die. En 2011 se fijó por ley la obligación de enviar anualmente a cada trabajador una misiva que reflejara la estimación de su futura pensión pública, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy no procedió al envío y detuvo el proceso, para el que mediante concurso público ya se habían designado dos empresas que se encargarían de la impresión y el reparto.
Pero el nuevo Gobierno del PSOE parece que tampoco acelerará el procedimiento de esta carta ya que, según fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, la prioridad del gabinete de Magdalena Valerio será llevar a cabo actuaciones dirigidas a visibilizar y hacer notar la subida de las pensiones en el bolsillo de los jubilados, en este caso en relación al IPC. Además, expertos en la materia apuntan a la estrecha viabilidad de un procedimiento que puede verse afectado por las eventuales reformas pendientes del resultado de la negociación en el Pacto de Toledo, y que podrían modificar los futuros cálculos, de modo que no se espera que el Ejecutivo abra este melón en los próximos meses. Aunque sí habría algún pronunciamiento al respecto, toda vez que la norma ha sido incumplida por el PP y fue impulsada en la reforma de las pensiones del PSOE de 2011.
En 2014, se manifestó la voluntad de enviar el conocido en Suecia como sobre naranja a los trabajadores mayores de 50 años, pero tampoco se llevó a cabo. Para paliar esa desinformación, el Ministerio de Empleo, encabezado entonces por Fátima Báñez, creó una web con un simulador a través del portal Tu Seguridad Social. Según una encuesta de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Inverco, sólo el 23% de los trabajadores conoce su existencia y sólo la mitad de ellos lo utiliza. Es decir, que sólo uno de cada diez españoles ha recurrido a esa web oficial a calcular la estimación de su futura jubilación.
Sucede, además, que ese simulador logra todo menos aproximar la cantidad que se cobrará de pensión, porque no incorporó los topes ni el efecto de la inflación. De este modo, en función de los numerosos datos que solicita la citada web genera supuestas pensiones de, por ejemplo, 4.000 euros mensuales, que no son sino una falacia, ya que el Sistema tiene fijada la pensión máxima en los 2.580 euros. Ello deriva en que se haya frustrado el objetivo de brindar más información al trabajador, que era la voluntad de la ley que fijó la obligación de mandar la carta de las pensiones, ya que la información recibida no es orientativa y tampoco ayuda a planificar el ahorro complementario o a tomar decisiones sobre cuándo jubilarse.
Y ese es precisamente uno de los problemas que vienen reseñando todos los actores del llamado segundo pilar y tercer pilar: los de la previsión social complementaria, tanto de carácter individual como a nivel de empresa.
Según el citado estudio, el 90% de los españoles asegura que planificaría mejor su jubilación si recibiera información de forma anticipada por parte del Estado sobre la pensión pública estimada que percibirá en su jubilación. Además, el mismo informe desvela que el 78% de los encuestados desconoce la obligación legal que se atribuyó al Ejecutivo de informar por carta del cálculo estimado de la futura pensión, una obligación que se estableció por ley en 2011, mientras que el 77% asegura que desconoce la existencia del simulador web que el Gobierno de Mariano Rajoy lanzó en noviembre de 2015. Y, de quienes lo conocen, sólo la mitad lo ha utilizado, lo que supone unos cuatro millones de personas, según calculaba la Secretaría de Estado de la Seguridad Social antes del cambio de Gobierno.
Caso único en Europa
Diez países de la Unión Europea envían la carta de las pensiones, en la mayoría de los casos con periodicidad anual: se trata de Alemania, Austria, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia. No todos lo hacen de la misma manera. Los trabajadores alemanes, austriacos, irlandeses, italianos, británicos y suecos reciben esta información anualmente; mientras que los finlandeses la reciben cada tres años, hasta pasar a periodicidad anual en el tramo de edad próximo a la jubilación; en Francia se remite la misiva quinquenalmente; y en Portugal y Croacia, bajo solicitud del cotizante.
En estos casos, varía la edad a la que se comienza a recibir la carta. Alemania y Reino Unido establecen la edad en 27 años siempre que se lleven al menos cinco años cotizados; Finlandia, en los 18 años; y Francia en los 35. Suecia no establece una edad concreta y estipula que sus ciudadanos reciban esta información desde que comienzan a cotizar. En la misiva no sólo se consigna la estimación de la jubilación futura; también se informa al receptor de cómo funciona el sistema de pensiones de su país. En el caso de Reino Unido, el informe incluye además previsiones de sostenibilidad del sistema.
En España, se fijó en 2011 la voluntad legal de que se enviara anualmente y en 2014 se incluyó en el proyecto un sistema de tramos según el cual se enviaría en principio a los mayores de 50 años, al año siguiente a los mayores de 40, y a partir de 2016 a todos los ciudadanos con cinco años cotizados.
Lastre para el ahorro
Como señalan los expertos consultados por elEconomista Pensiones, la omisión de ese deber agrava el problema de desinformación que aqueja a los cotizantes españoles, complica la adecuada planificación del retiro y la previsión complementaria, lastrando el recurso a vehículos de ahorro a largo plazo que complementen la pensión.
