La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se ha puesto manos a la obra en los aspectos que considera prioritarios para garantizar la creación de empleo estable y apuntalar la calidad del mercado laboral.
Su departamento quiere ejecutar "de inmediato" sendos planes de choque contra el fraude en la contratación temporal y la utilización irregular de los contratos a tiempo parcial, según recoge el borrador del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020.
El documento, al que ha tenido acceso este periódico, da de plazo hasta diciembre de este año para la puesta en marcha de ambas iniciativas, sin perjuicio de otras medidas adicionales que se plantean.
El texto recoge la intención del Ejecutivo de "disuadir a las empresas que incurran en las prácticas fraudulentas en la contratación temporal, utilizando todos los medios y atribuciones que le asigna la Ley ordenadora, es decir, la propuesta de sanciones económicas y la conversión de los contratos de duración determinada en indefinidos".
Recordemos que el artículo 7.2 de la Ley de Inspecciones y Sanciones del Orden Social tipifica como infracción grave el fraude en la contratación temporal y que la predecesora de Valerio en el cargo, Fátima Báñez, ya planteó sancionar a las empresas por cada contrato temporal sin causa celebrado, frente al sistema sancionador actual, que no recoge el número de trabajadores afectados por las sanciones, sino que estas se dirigen en general hacia la empresa. Valerio pretende ir en esta misma línea.
Para llevar a cabo estas y otras medidas en materia salarial, de discriminación de género, modalidades de trabajo en el ámbito digital, falsos becarios y siniestralidad laboral... el Gobierno pide "diálogo" a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales, con quienes también discutirá la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales o la ultraactividad.
