La patronal de constructoras de mediano tamaño (Anci) ha reclamado la imposición de peajes en toda la red de carreteras del país como "herramienta para generar recursos" que propone destinar a generar un fondo de inversión en infraestructuras.
Jaime Lamo de Espinosa, el presidente de la asociación, incluyó esta medida en el listado de peticiones que realizan al nuevo gobierno de Sánchez. No es la única empresa que está a favor de esta medida, otras organizaciones del sector, como la de grandes constructoras y concesionarias Seopan y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) también la apoyan.
Esta es la demanda que plantean al Gobierno, aunque éste ya anunciado su intención de quitar los peajes cuando se acabe la concesión. Las primeras carreteras afectadas por estas medidas será en noviembre la la AP-1 que une Burgos y Armiñón y a finales 2019, la AP-7 que une Tarragona y Alicante.
Anci considera que tienen que ceder a empresas privadas la relicitación de las nueve autopistas de peaje quebradas con el anterior equipo de Fomento.
En la asamblea anual se ha demandado el plan extraordinario de inversión en carreteras con capital privado de 5.000 millones que dejó preparado el antiguo equipo de Iñigo de la Serna, que este mismo mes anunciaba la licitación de los dos primeros contratos del plan con un gasto de 2.000 millones.
Aparte, Lamo de Espinosa mencionó la recuperación de la obra pública en la primera mitad del año tras los mínimos registrados en los ejercicios anteriores.
