El incremento del gasto en los Presupuestos de 2018 y en los del próximo año, si el Gobierno de Pedro Sánchez es capaz de sacarlos adelante, choca con una economía que empieza a dar muestras de agotamiento. El consenso nacional e internacional es que el PIB español puede cerrar este año alrededor del 2,8 por ciento, pero el próximo se situará, según todos los expertos, como mucho en el 2,4 por ciento. Y, algo peor, en 2020 estará más cerca de un crecimiento del 2 por ciento. Pero no es el único nubarrón. El BCE ya ha anunciado que se acabaron las alegrías monetarias.
La Comisión Europea ya ha llamado la atención al anterior Gobierno, el popular de Rajoy, al que advirtió de que las subidas de las pensiones, y otras partidas que disparan los costes, ponen en serio riesgo el cumplimiento de la promesa del Gobierno de cerrar el año con un déficit del 2,2 por ciento. Bruselas no es la única. Ayer, el Banco de España calificaba las cuentas para el presente año de "expansivas".
Un 2020 poco halagüeño
Si el Gobierno quiere subir el gasto y a su vez cumplir el 2,2 por ciento de déficit como anunció en el Senado la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las alternativas se limitan a no ejecutar ciertas partidas presupuestarias, en especial las de inversión, o aumentar los ingresos fiscales. O una combinación de ambas. Lo que no parece razonable, según alertan los expertos fiscalistas, es que los ingresos tributarios sigan creciendo a los ritmos de años pasados dado que la economía empieza a perder fuelle.
El Banco de España cifró ayer el crecimiento del PIB para el próximo año en un 2,4 por ciento y lo reduce al 2,1 por ciento para 2020. Se coloca así por debajo de las previsiones del Programa de Estabilidad que prometía a Bruselas que la economía española subiría el año próximo un 2,4 por ciento y un 2,3 por ciento en 2020.
Una reducción que podría ser mayor a tenor de las previsiones que manejan organismos internacionales. La CE y la OCDE están en línea con el Gobierno español al pronosticar para el próximo año un 2,4 por ciento, pero más escépticos se muestran el FMI, que lo coloca en un 2,2 por ciento, o S&P, en un 2,1 por ciento. En el plano nacional, el consenso del Panel de Funcas establece un aumento para el próximo año del 2,4 por ciento, aunque hay gabinetes de análisis que hablan de un 2,3 por ciento.
Así, la reducción de la actividad conllevará un menor ritmo en el crecimiento de los ingresos tributarios. En los Presupuestos para este año, el anterior Gobierno calculó un aumento del 8,3 por ciento en la recaudación de los impuestos estatales, tanto en su parte estatal como en la autonómica. En 2017, la previsión de aumento se cifró en un 7,9 por ciento y un año antes en el 6,2 por ciento, cifras que parecen difíciles de alcanzar en 2019 y en el siguiente ejercicio.
Encarecer la financiación
Si la ralentización de la economía -presionada por un entorno mundial a la baja y un petróleo más caro- aporta incertidumbre, tanto o más alarmante es el fin de la política monetaria anunciada por el Banco Central Europeo. Mario Draghi alertó el pasado jueves de que recortará a la mitad la compra de deuda (QE) en septiembre y en diciembre lo dará por finiquitado. Y para verano, los tipos volverán a subir, poniendo fin a la política expansiva mantenida por el BCE desde inicios de la crisis en 2008.
El aumento del precio del dinero tendrá un doble efecto sobre la economía. Cierto que se ha rebajado el endeudamiento de las familias y las empresas, lo que las coloca con unas cuentas más saneadas; sin embargo, el encarecimiento de la financiación podría afectar a muchas empresas que están en pleno proceso de expansión, tanto internacional como nacional, así como en mejoras productivas.
Los empresas empiezan a sumar el aumento de costes que se prevé en este nuevo entorno mucho más hostil. A la subida de la presión fiscal más que previsible y a unos costes laborales que podrían ir en ascenso ante los cambios normativos -en especial en lo referente a convenios colectivos-, habrá que sumar un encarecimiento de la financiación, lo que puede poner en apuros a las empresas españolas que en los últimos años han ajustado mucho sus márgenes para ser competitivos en el exterior.
Pero las medidas anunciadas por Draghi también repercutirán sobre las cuentas públicas. Unos tipos de interés al alza harán subir los costes de la deuda pública, lo que obligaría al Gobierno español, como al resto, a aumentar las partidas destinadas a hacer frente al encarecimiento de la deuda.
Un efecto, no obstante, que pueder tardar en generar problemas, pues el Tesoro español ha aprovechado estos años de deuda barata para refinanciar parte del saldo vivo con emisiones más baratas y con mayores plazos.
