Tras entrevistarse con los agentes sociales en Moncloa, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, abre la puerta a un alza de los "impuestos generales" para sufragar las pensiones. El Ejecutivo comienza a reconocer que no salen fiscalmente gratis propósitos como volver a ligar estas prestaciones al IPC (garantizándolo, como mínimo, en tiempos de bonanza económica) o aparcar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
Dada la crítica situación de la Seguridad Social, un alza prevista del gasto de casi 40.000 millones hasta 2022 solo se afronta de forma realista con una elevación de impuestos que tendrá que ir más allá de la tasa a las empresas tecnológicas, que ya empezó a diseñar el anterior Gobierno.
Por ello, es muy probable que el actual Ejecutivo impulse propuestas contenidas en los Presupuestos alternativos del PSOE, como gravar más el ahorro, subir Patrimonio y crear una tasa para los bancos. Pero el desafío es de tal magnitud que resulta muy probable que también haya que modificar el IRPF (un tributo que entra en la categoría de "impuestos generales" que Valerio mencionó).
Una ofensiva de subidas fiscales de esta envergadura solo puede socavar la competitividad de las empresas, y perjudicar e inversores y ahorradores. Pero sus efectos nocivos aún se multiplican si se considera que el fruto de este mayor esfuerzo fiscal no supondrá en absoluto un aumento de los recursos que podrán dedicarse a elevar la productividad de la economía española, su capacidad de innovación o el funcionamiento de su mercado laboral. Muy al contrario todo el rendimiento se destinará a sufragar el gasto corriente de las pensiones, el cual, para ser sostenible, no necesita más impuestos sino más reformas.