La Audiencia Nacional ha asumido la investigación contra el fundador del chiringuito financiero Arc Global Trader, Raúl Cano, y varios de sus exdirectivos por la presunta estafa valorada en cerca de 17 millones de euros a más de 600 clientes, seguida hasta la fecha en un juzgado de Madrid.
En su auto, asigna las pesquisas al titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, que el pasado diciembre rechazó la admisión a trámite de varias querellas, una decisión que ahora revoca la sección tercera de la sala de lo Penal tras valorar que ha de ser este órgano el encargado, entre otros motivos, para evitar dilaciones indebidas.
Las resoluciones dictadas por el juez Moreno, contenidas en el escrito, entendían que de los hechos denunciados no se desprendía una actividad criminal suficientemente compleja, ni por la intensidad ni por la entidad del delito, que determinara la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.
Sin embargo, la sala destaca que a raíz del análisis de las querellas y de la documentación anexa a los recursos de acusaciones como la que ejerce el despacho Durán & Durán Abogados, la investigación tiene una "importante transcendencia económica y cualitativa, con afectación de un número importante de personas con domicilios en territorios de distintas Audiencias".
Además, advierte de que "presumiblemente" parte del dinero defraudado podría encontrarse en "cuentas bancarias offshore", circunstancia que justifica "que la instrucción sea asumida por un órgano con jurisdicción única" sobre toda España, "dotado de mejores medios personales y materiales" y capaz de evitar las demoras.
El juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, que solicitó la inhibición por idénticos motivos a los expuestos en el tribunal, deberá formalizar esta decisión y remitir toda la documentación de la que dispone a Moreno, incluidas las declaraciones de los investigados.
El pasado viernes, el fundador de la sociedad relató que su objetivo era alcanzar el volumen del banco estadounidense Lehman Brothers, que quebró en 2008, y aseguró que trabajará para recuperar el dinero invertido por los clientes.
Previamente, en sede policial tras su detención, Cano dijo que lo que se ofrecía eran inversiones en la sociedad sin que se prometiera beneficio, e insistió en que no se ofrecieron rentabilidades hasta el proyecto Arc Bank, entidad que supuestamente iba a nacer bajo licencia americana y con el amparo de la Reserva Federal estadounidense.
Tras su comparecencia en la madrileña Plaza de Castilla, la magistrada ordenó la retirada del pasaporte tanto para él como para su secretaria, Lidia Merchán; ambos deberán comparecer cada quince días ante el juez y no podrán salir de España.
Inversores de Arc, que perciben además de la supuesta estafa, delitos como administración desleal y alzamiento de bienes, ya han recurrido la libertad de Cano al considerarlo artífice de un negocio que ofrecía rentabilidades atractivas pero que no era más que un "señuelo" para enriquecerse de forma ilícita.
Al margen de éste y Merchán, también se encuentran investigados los directores comerciales José Luis Cogollo, José Ignacio Calvo y Silvia Villar, y el director del grupo, Javier Prieto, por haber colaborado en la dirección de las operaciones y "bajo la cobertura de haber invertido, retiraban cantidades cuando no existían beneficios que justificaran los rescates".