El coste de los intereses de la deuda caerá este año un 15%, hasta 25.800 millones de euros, según cálculos efectuados por el supervisor de las cuentas españolas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata de su nivel más bajo desde el 2010, cuando se desató la crisis griega que más tarde contagió a nuestro país, y baja un 22% desde los máximos del año 2014, cuando el Estado tuvo que pagar más de 33.000 millones de euros por este capítulo.
Pese a que la partida sigue siendo la segunda más cuantiosa de los Presupuestos Generales del Estado -tras la dedicada a pensiones, que supera los 144.000 millones-, la reducción es la más intensa de los últimos ejercicios gracias a dos factores. Uno, la recuperación de la confianza internacional en España, reflejada en la mejora de nota que le han otorgado las cuatro grandes agencias de calificación en los últimos tiempos -Standard &Poor's y Fitch, de hecho, han vuelto a colocar al país en la zona A, equivalente a notable-.
Dos, las políticas de estímulos del Banco Central Europeo (BCE), que siguen presionando a la baja los tipos de interés y ayudan nuestras finanzas por séptimo año consecutivo. El cambio de tendencia se produjo en 2012, meses después del rescate a la banca española, cuando Mario Draghi aseveró que haría "todo lo posible" por salvar al euro, y prosiguió con el programa de compra de activos.
Un tipo en mínimos históricos
El Tesoro Público sigue emitiendo deuda sin ningún tipo de problema mientras logra lo impensable: financiarse en negativo -cobrando por ello- en subastas a corto y medio plazo, de hasta tres años. Esta cuestión resultaba una utopía hace ahora un lustro, cuando desde España apreciábamos como exótico que Alemania, máximo exponente europeo de la solvencia, sacaba alguna emisión a tipos por debajo de cero.
El bono a 10 años, valor de referencia en los mercados, cotiza en niveles históricamente bajos, por debajo del 1,3%, pese al repunte de los últimos quince días. Esa barrera contrasta con la que se aplicaba en los días posteriores al referéndum del 1-O, del 1,8%; y aún más con las reflejadas durante lo más duro de la crisis, casi siempre por encima del 5% y, en días puntuales, incluso sobre el 6% y el 7%. El récord se produjo en julio de 2012, cuando llegó a cotizar al 7,48%, un nivel calificado de insostenible.
Un colchón para el Gobierno
Que el coste de la deuda se reduzca por quinto año consecutivo no deja de ser paradójico en un momento en el que el volumen de pasivo no deja de aumentar. El año pasado cerró en 1,144 billones de euros, el mayor nivel de la historia, según los datos del Banco de España, y se aupará al menos hasta los 1,17 billones en 2018 por efecto del préstamo de las pensiones y los fondos de financiación para comunidades autónomas.
Tal vez, y por efecto del crecimiento de la deuda por el que el Gobierno recibe rapapolvos de la UE y el FMI, el Ministerio de Hacienda ha sido extremadamente prudente a la hora de presupuestar la partida de intereses. Es algo que ha sucedido durante todo el periodo de Gobierno de Mariano Rajoy.
Pero ahora, y según los datos que proporciona la AIReF, la prudencia parece excesiva. El ministro Cristóbal Montoro calcula en el proyecto de Presupuestos para 2018, un gasto en intereses de 31.541 millones, casi 5.700 millones mayor al que pronostica la entidad que preside José Luis Escrivá.
Un colchón multimillonario con el que Hacienda podrá jugar a final de año para cubrir huecos que puedan provocar la rebaja de IRPF para rentas de hasta 18.000 euros; el mayor gasto en pensiones tras las subidas de las mínimas; o la asunción, por parte del Estado, de varios peajes en quiebra.
Serias advertencias
Pese a que la bajada del coste de intereses se trata de una gran noticia, no pocas instituciones vienen alertando del problema que, para España, puede suponer la enorme factura de la deuda. Esta semana pasada, el FMI ha advertido que naciones como la nuestra deben evitar políticas procíclicas que incrementen los números rojos, ya que las economías "demasiado endeudadas" pueden terminar sufriendo las consecuencias de una futura normalización de la política monetaria. Algo muy parecido al mensaje que traslada Bruselas, que ha urgido al Gobierno a poner coto al pasivo y reducirlo mucho más rápido.
Mientras, el Ejecutivo se prepara para afrontar el momento en el que pueda llegar el cambio en el BCE, y aspira a que para entonces la ratio de endeudamiento sobre PIB haya caído por debajo del 95%. Está por ver si esa leve bajada es suficiente.