España cerró el pasado año 2017 con un déficit del 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB) cumpliendo con Bruselas, gracias, sobre todo, al buen comportamiento de las comunidades autónomas. Su desfase se situó en el 0,32%, muy por debajo del 0,6% comprometido, y en niveles previos a la crisis. Pero hubo truco gracias a la barra de liquidez del Estado con el FLA y otros mecanismos que les permitió reducir los intereses. Sin estas ayudas el déficit se hubiera disparado al 0,85%.
Con la excepción de Castilla y León, además, todas las comunidades autónomas mejoraron el déficit de 2017 respecto al año anterior, con un grado de cumplimiento de objetivo elevado. Once de las diecisiete cumplieron las metas establecidas por Hacienda, mientras que las seis restantes presentaron déficits superiores al 0,60% de su PIB.
Este esfuerzo de la mayoría de las regiones propiciaron que el equilibrio presupuestario este más cerca de hacerse una realidad desde que estalló la crisis económica. A cierre del ejercicio pasado, el déficit fue del 0,32%, muy por debajo del 0,6% comprometido, y en niveles previos a la crisis.
Pero esta situación está distorsionada por las ayudas del Estado durante la crisis para evitar la quiebra de la CCAA. Las Comunidades se encontraron con los mercados cerrados e incapaces de encontrar financiación a niveles sostenibles. El Gobierno tuvo que activar mecanismo de liquidez, que todavía se mantienen, para aliviar la situación.
Esta circunstancia provoca que las cifra de déficit estén distorsionadas.El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, en su informe sobre finanzas autonómicas indican que sin estas ayudas el déficit conjunto de las CCAA se hubiera disparado al 0,85% en 2017.
"Las liquidaciones del sistema de financiación han sido muy favorable para las autonomías gracias a las favorables condiciones financieras que en estos años ofrecen el FLA y los demás mecanismos estatales de liquidez autonómica" indica el experto. Esto ha beneficiado a una reducción del gasto gracias al ahorro en los intereses pese al elevado nivel deuda de las regiones.
El estudio sostiene que la mejora del saldo presupuestario autonómico registrada en los últimos ejercicios "se apoya, en parte, en factores atípicos, incluyendo fuertes subvenciones a los intereses a través del FLA y otros mecanismos estatales del liquidez" que no se podrán mantener en el tiempo.
En este sentido, De la Fuente considera que "sería muy arriesgado relajar la vigilancia sobre las cuentas de las CCAA y, en particular, sobre el cumplimiento de la regla de gasto", medida introducida en la Ley de Estabilidad para impedir que las administraciones públicas gasten por encima de su PIB potencial. "En principio, el mecanismo parece bien diseñado", admite este economista, para quien está por ver, sin embargo, si se aplicará cuando lleguen las comunidades al superávit, cosa que ya está ocurriendo.
Otro factor a considerar tiene que ver con el comportamiento de las partidas de inversión que, continúan a un nivel insosteniblemente bajo. Previsiblemente, su necesaria recuperación también presionará al alza el déficit de los próximos ejercicios. Las situaciones más comprometidas son para Murcia, Castilla y León, Aragón y Extremadura, que se alejan de la meta presupuestaria.
Mantener la regla de gasto
Por ello, y con la reforma de la financiación autonómica aparcada, de cara al futuro, el experto de Fedea considera que "la experiencia del complicado ciclo económico y fiscal que ahora se cierra apunta a la conveniencia de mantener la regla de gasto como núcleo esencial del mecanismo de disciplina fiscal, reforzándola con un freno de deuda que ayude a moderar el endeudamiento". A su juicio, dejar la deuda en un nivel "razonable", daría "margen de actuación" en futuras recesiones. Según plantea, se evitarían así picos de gasto en momentos de bonanza y se fomentaría el ahorro.
Este freno de deuda se complementaría con la introducción de un Fondo de Reserva, cuya misión debería consistir en facilitar el "alisado del gasto" a lo largo del ciclo, "y no en intentar blindar una senda de necesidades de gasto calculada sin referencia alguna a la evolución de la renta nacional y, por lo tanto, no necesariamente sostenible".
Gasto por habitante
El estudio pone de relieve, además, que la inversión real por habitante del conjunto de las CCAA se ha reducido a menos del 60% de su valor inicial. en el conjunto del país y en 13 de las 17 comunidades autónomas.
Aunque la situación sigue siendo preocupante, comienzan a observarse indicios de una tímida recuperación en 2017 que, a diferencia del repunte de 2015, no se debe a la contabilización obligada como atípicos de proyectos de años anteriores.
Los indicadores de gasto total y especialmente de gasto corriente, por su parte, muestran una evolución bastante más positiva. El gasto corriente por habitante, neto de intereses y calculado a precios constantes, es superior al observado en 2003 en al menos un 12% en todas las regiones españolas, situándose en promedio un 25% por encima de esta referencia.
Existen diferencias significativas entre unas regiones y otras. Así, Canarias, Valencia y Andalucía son las comunidades en las que menos ha crecido el gasto total en el conjunto del período, mientras que el País Vasco, Cataluña y Aragón presentan los mayores crecimientos acumulados. Cataluña es la comunidad que menos ha recortado la inversión, seguida del País Vasco, mientras que Castilla la Mancha y Valencia son las que más lo han hecho. También hay diferencias significativas en el crecimiento del gasto total y corriente entre 2003 y 2009, la magnitud del recorte sufrido entre 2009 y 2013 y la recuperación que se observa entre este último año y 2017.