El mercado laboral español ha recuperado el 70 por ciento del empleo destruido durante la crisis, pero persisten taras cualitativas que ensucian las mejoras cuantitativas. Temporalidad injustificada, elevada contratación a tiempo parcial, prácticas fraudulentas en la formación, falsos autónomos o brecha salarial de género son sólo algunas de las lacras sobre las que pretende actuar el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, al que dio luz verde el viernes el Gobierno con el foco puesto en garantizar la calidad del empleo.
Es la intención que defendió el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó las líneas generales de actuación para este trienio. El plan refuerza el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos. Además, para asegurar el cumplimiento de las normas de igualdad y no discriminación, "será prioritario actuar en el ámbito de discriminación por género, se lanzarán campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas, y se potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva par evitar cláusulas discriminatorias", según recoge el plan estratégico.
En este sentido, el Gobierno trabaja desde hace tiempo en un paquete de medidas que garanticen la igualdad retributiva entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo puesto de trabajo. Ya en noviembre, el departamento que dirige Fátima Báñez propuso a los interlocutores sociales modificaciones del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Igualdad para aumentar la transparencia y reducir la brecha salarial. Entre otras medidas, planteó incorporar la obligación de ofrecer a los trabajadores y sus representantes información desagregada en función del género, establecer la obligación de realizar auditorías salariales en las empresas de más de 250 trabajadores y ampliar la obligación de inscripción y depósito de los planes de igualdad.
Brecha salarial y temporalidad aparte, otra de las líneas maestras del nuevo plan pasa por elevar el control de las horas trabajadas y las actuaciones en relación con subcontratas y empresas multiservicio, así como la supervisión de la denominada "economía de las plataformas", impulsada por la disrupción tecnológica, y actuaciones específicas en lo que se refiere a falsos autónomos, becarios y prácticas no laborales y formación para el empleo.
Lucha contra el fraude
La nueva estrategia, que parte de la configuración de la Inspección de Trabajo como un organismo autónomo, va más allá del plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobado en 2012, en el peor momento de la crisis económica.
Seis años después, hasta el pasado mes de febrero, se han aflorado 519.056 empleos irregulares, detectado 7.029 empresas ficticias sin actividad real, y logrado la conversión de 359.191 contratos indebidamente temporales en indefinidos, según los datos del Ministerio de Empleo, que estima el impacto económico global de todas estas actuaciones en 21.198 millones de euros.
