El Gobierno británico intenta esta jornada superar la fractura entre las aspiraciones de quienes quieren mantener lazos lo más estrechos posibles con la Unión Europea por el bien de la economía y la facción que demanda una ruptura limpia que permita la máxima libertad en la política comercial posterior al divorcio.
El denominado Gabinete de Guerra del Brexit se reúne por segundo día consecutivo con el debate de la futura relación como protagonista único de un menú que, inevitablemente, será difícil de digerir para el frente cuya agenda pase desapercibida en el nuevo orden que impere una vez concluida la transición.
Ayer le había tocado ya el turno al análisis de la cuadratura del círculo que evite la reimposición de una frontera dura entre el Ulster y la República de Irlanda y la siempre contenciosa cuestión de los derechos de la ciudadanía comunitaria. El desarreglo para Theresa May es, por tanto, triple, puesto que si hoy tiene que lidiar con la división en lo concerniente a la fórmula de futuro, las apuestas que ha avanzado en los dos apartados revisados ayer han levantado ampollas en Bruselas, donde no sólo rechazan que los europeos llegados durante el "periodo de implementación" inmediatamente posterior a la salida se rijan por normas diferentes a los afincados antes, sino que ven la ambigua solución propuesta para Irlanda como "impracticable".
De hecho, tras su visita del lunes a Londres, el negociador jefe de la UE habría expresado su profunda preocupación ante la posibilidad de que el proceso quede "secuestrado" por la cuestión irlandesa. Por ello, Michel Barnier pretende resolverla cuanto antes para evitar que la parálisis actúe como un arma para Reino Unido durante las negociaciones sobre la futura relación.
Nuevas conversaciones
En cualquier caso, el entorno próximo a May ha rebajado las expectativas acerca de las posibilidades de que esta semana se alcance un acuerdo. Es más, tras estas dos reuniones en el Número 10, los técnicos de Reino Unido y de la UE iniciarán a partir del martes una intensa agenda de conversaciones durante cuatro días. La contraparte británica sigue convencida de la posibilidad de que la cumbre comunitaria del 22 y 23 de marzo permita cerrar el pacto para la transición, pero en Bruselas no hay tanta disposición y lo máximo que están preparados para admitir es una declaración de intenciones sobre el potencial progreso de la negociación.
Su prioridad actual está centrada en la definición de los términos que regirán sobre el periodo de implementación, como les gusta denominarlo al norte del Canal de la Mancha, y de acuerdo con el borrador que ha hecho circular entre los Estados miembro, la UE adoptará una línea dura preventiva: si Reino Unido incumple las normas, o se niega a aplicar cualquier nueva normativa, sobre la que no tendrá voz ni voto, el bloque restringirá su acceso al mercado común y se reservará el derecho a "suspender ciertos beneficios" de la transición, como los arreglos en materia de aviación, o la libre circulación de bienes.