¿Cuánto tiempo durará la aplicación del artículo 155? Si no hay cambios de última hora, hasta el día en el que el Parlament de Cataluña elija un presidente con todos los parabienes legales. Después, "no tiene sentido que haya un nuevo Govern y no tenga autonomía en sus cuentas", deslizan desde el Gobierno de España. Entre tanto, el controvertido 155 seguirá en esta comunidad autónoma desarrollando una labor de "gestión política y administrativa de un Gobierno en funciones", que en tres meses ha desplegado 100 actuaciones acordadas en 10 consejos de ministros, muchas de ellas absolutamente desconocidas, y entre reprobaciones por exceso de poder, y también por defecto.
El 28 de octubre, Mariano Rajoy anunciaba la destitución del Gobierno de la Generalitat y la del director general de los Mossos, además de la convocatoria de elecciones para el 21-D. Dos días más tarde, el 155 desembarcaba en Cataluña. La letra pequeña hablaba del control de las cuentas -algo que ya venía desarrollándose desde septiembre, exigiendo a la Intervención General informes semanales de cada uno de los gastos-, la de los Mossos, una ristra de ceses, o la disolución de Diplocat, el órgano propagandístico del procés en el extranjero con delegaciones por todo el mundo. El control de la televisión y de las ayudas a los medios afines a la causa soberanista se aparcaron a última hora para obtener el acuerdo del PSOE.
Tres meses más tarde, el 155 ha desbloqueado del 26 por ciento de los acuerdos sobre educación, el 28 de los sanitarios, el 30 de los sociales, y el 46 por ciento de los judiciales, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña.
El pago a municipios y proveedores ha sido prioritario. Más de 1.100 millones de euros se han pagado entre los meses de septiembre y diciembre, invirtiendo el histórico retraso que tenían estos municipios para cobrar de la Generalitat. En cuanto a proveedores, el 155 ha saldado deudas con pymes, empresas, especialmente en el ámbito sanitario, por 1.500 millones.
En terreno educativo se han convocado más de 2.000 plazas para maestros y profesores tras siete años sin convocatoria. Se han destinado 3,6 millones de euros al impulso a universidades con programas de excelencia, captación de talento e internacionalización de universidades. En servicios sociales se han convocado subvenciones por valor de 10,5 millones de euros para servicios integrales de orientación y acompañamiento y apoyo a las personas de con discapacidad o trastorno de salud mental. A esto hay que añadir 200 plazas de servicios sociales destinados a menores extranjeros recién llegados a Cataluña.
En el ámbito local se han invertido 30 millones den estructuras viarias hasta 2020, así como 18 millones destinados a los Juegos del Mediterráneo para Tarragona 2018.
Diplocat fue otro de los servicios desmantelados. Cerca de 25 millones de euros era el coste de este servicio del que solo queda la delegación de Cataluña en Bruselas.
El caso de las obras de Sijena fue resuelto durante el 155 gracias a la acción judicial y más de 43 obras volvieron de Cataluña a Aragón.
En este tiempo, Hacienda ha desmantelado la estructura paralela de la Generalitat con la que Puigdemont pretendía cobrar impuestos y las cotizaciones sociales sin dar cuenta a la Agencia Tributaria.
Pero el 155 no ha estado exento de críticas. El desempeño de los Mossos en los días de huelga o en el día en que el Roger Torrent había fijado el pleno de investidura no ha pasado desapercibido. También hay quejas hacia el Gobierno por no haber actuado contra los medios de comunicación que han hecho del procés su razón de existir, encabezando TV3 y Catalunya Radio el centro de la discordia. Sobre este tema, Moncloa se defiende explicando que intentó cortar el grifo a estos medios, pero los servicios jurídicos advirtieron que el Gobierno se podía meter problemas legales.
El FLA, que en sí no guarda relación directa con el artículo 155, no se escapa de los peros. Un juez de instrucción ha encontrado indicios que hacen sospechar que de estas partidas salió dinero para financiar el procés. Frente a esta situación, el Gobierno manifiesta su disposición para colaborar con la justicia y explicar cómo funciona el FLA, que supone un pago directo a proveedores, tras las facturas enviadas por la Intervención General. De verificarse la falsedad en esas facturas, lo cual es una tarea muy complicada, Hacienda no descarta encontrarse con un nuevo delito de malversación por parte de la Generalitat de Cataluña.