La determinación de Reino Unido de lograr un acuerdo a medida para su futura relación con la Unión Europea amenaza con retrasar un proceso con los meses contados. Las reiteradas advertencias de los negociadores comunitarios de que no aceptarán fórmulas específicas no acaban de cristalizar al norte del Canal de la Mancha, donde tampoco parece haber especial inquietud ante lo ajustado de los plazos.
El Gobierno mantiene su intencionada ambigüedad, producto de la falta de consenso, y la extrema debilidad de Theresa May hace poco por contribuir a visualizar una solución que no perjudique a la segunda economía continental.
La prueba de su incapacidad de imponer su autoridad sobre su propio gabinete aparece en la remodelación acometida la semana pasada. Un movimiento diseñado para atraer nuevos bríos al Ejecutivo ante un año crucial quedó severamente limitado por una primera ministra que habita en Downing Street, pero no decide. A pesar de que ninguno de los cambios afectó a las grandes carteras, los movimientos planeados por May acabaron siendo saboteados por ministros que se resistieron a cambiar de departamento.
Algunos como el de Sanidad vieron incluso aumentadas sus competencias y la única víctima aparente fue la titular de Educación, una baja severamente criticada por el propio partido: mientras sus compañeros desafiaron las intentonas de moverlos de ministerio, Justine Greening se vio obligada a dimitir para evitar ser trasladada al de Trabajo y Pensiones, dejando a un Gobierno dominado por varones de similar procedencia sin el valioso perfil de una política formada en la educación pública y obsesionada con la movilidad social.
El Número 10 había avanzado una remodelación de alcance, pero el resultado quedó lejos de la operación renove a la que aspiraba y, lo que es peor, ha confirmado la vulnerabilidad de una premier que si tiene problemas para nombrar a su propio equipo, es difícil que pueda imponer una solución de consenso para el divorcio comunitario. La percepción es desalentadora para May, pero su posición se agrava ante su falta de mayoría en el Parlamento, después de que este haya demostrado su capacidad de desafiar al Gobierno y adquirir un peso crucial sobre el acuerdo con Bruselas.
La derrota sufrida a final del pasado año en Westminster ha incentivado a los diputados y la fragilidad de la primera ministra no hará más que azuzar sus aspiraciones de ganar voz y voto ante el divorcio. Su beligerancia, con todo, no es el único frente abierto para la premier, que se encuentra entre la espada de su propio gabinete y la pared de una UE no dispuesta a claudicar.
Una carta desvelada la semana pasada por el Financial Times ha revelado la molestia que en el ministro del Brexit genera que Bruselas revise contingencias en caso de una salida desordenada. La misiva, remitida a May, encierra la paradoja de mostrar a David Davies incómodo por el hecho de que Bruselas no solo parece haber dado crédito a las advertencias británicas sobre su disposición a abandonar sin acuerdo, sino que está tomando medidas para tal potencial desenlace. Por si fuera poco, semeja preocupado por realidades inherentes a lo que implica dejar el bloque, como la inevitabilidad de que Reino Unido pase a estar considerado como un tercero una vez navegue en solitario y que sea "tratado diferente".
Su impresión inquieta por revelar la clase de entendimiento que en el Gobierno británico subyace en torno a la ruptura: en el mejor de los casos, Davies parece vivir en un estado de negación y, en el peor, aparenta estar convencido de que la UE está tratando injustamente al que será su futuro ex socio. Si su impresión es significativa de la corriente que domina entre sus colegas, es difícil que los apenas nueve meses que restan ante el plazo teórico para un principio de acuerdo sean suficientes para un Ejecutivo que lo tiene todo por discutir.
Integridad del mercado común
El síntoma más significativo quedó patente en la visita que el titular del Brexit hizo a Alemania acompañado del jefe del Tesoro, defensor del mantenimiento de vínculos estrechos con el bloque comunitario. Philip Hammond, partidario de la permanencia en la campaña del referéndum, evidenció la confusión del Gobierno cuando instó a Bruselas a aclarar a qué tipo de relación aspira. Según él, en Reino Unido echan de menos más concreciones, pero su apelación apenas encontró eco en unos socios que esperan que Londres vaya más allá de su demanda por un acuerdo a medida.
El problema es que, más allá de las agendas de país, la UE se encuentra fuertemente unida en torno a la idea de que el Brexit no menoscabe el proyecto comunitario, por lo que no aceptarán que las necesidades británicas cuestionen la integridad del mercado común.
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