La mayoría absoluta independentista en el Parlament que ha dibujado el resultado de las elecciones del 21 de diciembre ha reavivado el temor del sector económico catalán a que la persistencia de la tensión política entre la administración catalana y la del Estado perjudique de nuevo los negocios, como ya pasó en el mes de octubre con el referéndum del día 1.
De momento, la primera reacción de los mercados el viernes, al día siguiente de los comicios, fue negativa. El Ibex 35 cedió un 1,19% y quedó por debajo de los 10.200 puntos, con el mayor castigo para los dos bancos de origen catalán, CaixaBank y el Sabadell, que cayeron un 3,6% y un 3,43%, respectivamente. Pero no solo se vieron afectadas cotizadas catalanas, sino el selectivo español en general.
Además, el mismo día, la agencia de calificación Moody's apuntó que el nuevo escenario se augura negativo, tanto para el rating de la Generalitat como para el del Gobierno español si no son capaces de resolver las tensiones políticas por las aspiraciones rupturistas catalanas. "Mantener la incertidumbre llevará a un mayor deterioro del entorno para los negocios", alertó. Los empresarios están a la expectativa de la formación del nuevo Ejecutivo catalán, pero sea cual sea su composición definitiva, hay unas líneas rojas que señalan que no debe traspasar,si no desea repercusiones negativas en la economía.
1.- Retrasos en la constitución del Gobierno
El contexto para formar un nuevo Govern es poco favorable, dada la polarización del Parlament entre constitucionalistas e independentistas -con Catalunya en Comú Podem en la equidistancia-, además de los candidatos en prisión o huidos a Bruselas y las exigencias de la CUP sobre que su apoyo está condicionado a que siga adelante la constitución de la república catalana.
Pero los empresarios instan a la negociación política para no eternizar la formación del próximo Gobierno catalán. La patronal de pequeñas y medianas empresas Pimec pide "responsabilidad a todos los partidos" para que el Govern se constituya "con la máxima celeridad posible", y considera que el resultado del 21-D, con una participación récord de casi el 82%, no justificaría un adelanto electoral. Desde el Círculo de Directivos de habla alemana, su presidente, Albert Peters, lo ve claro: "Ya esperamos demasiado tiempo para formar Gobierno en España, no podemos permitirnos otra vez esperar".
Desde la Cámara de Comercio de Barcelona también recelan de una demora, y su presidente, Miquel Valls, confía en que el nuevo Govern pueda estar constituido en febrero para afrontar los retos económicos y sociales pendientes. Y es que el proceso puede alargarse meses, ya que la normativa estipula que el Parlament tiene hasta el 23 de enero para constituirse, mientras que la fecha límite para votar un presidente de la Generalitat es la primera semana del mes de abril.
2.- La inestabilidad del Ejecutivo
Desde el mundo económico evitan posicionarse sobre quién debe gobernar, ya que ello corresponde a la negociación parlamentaria, pero sí requieren que quien lo haga conforme un ejecutivo fuerte que agote la legislatura de cuatro años. "Sin estabilidad política no va a haber estabilidad económica", constató a elEconomista el vicepresidente de Empresaris de Catalunya, Carlos Rivadulla.
También se muestra meridiano Miquel Valls, ya que "cuatro años es lo que debe durar una legislatura". Habla con conocimiento de causa, ya que Cataluña ha vivido cuatro elecciones autonómicas en los últimos siete años: en 2010, 2012, 2015 y 2017. Pimec también destaca su apelación a la "estabilidad para gobernar en una legislatura sólida y duradera".
3.- No a la unilateralidad
Es la línea roja más marcada a fuego desde el empresariado, que exige una administración que cumpla la ley y que por tanto no ponga en riesgo la seguridad jurídica de los negocios. Fomento del Trabajo es firme defensora de esta premisa, al igual que el resto de patronales.
Albert Peters analiza: "Para los empresarios, lo más importante es la legalidad. Si hay un Govern independentista que sigue la legalidad no hay problema, y si tenemos seguridad de que en el Parlament cumplen con la Constitución y las leyes, tampoco".
4.- Desconfianza
Los acontecimientos políticos catalanes de los últimos meses han minado la confianza de los consumidores, los inversores y los empresarios, y desde el ámbito de los negocios ven imprescindible recuperarla para evitar un deterioro económico. Apuntan que el nuevo Ejecutivo catalán debe ser claro en su estrategia y apostar por la negociación y el entendimiento, y no por la opacidad y la imposición. Con todo, Rivadulla opina que ya se ha producido un daño difícil de reparar: "Aún en el supuesto de que un Govern de JuntsxCat jurase respetar el Estado de Derecho y buscase un referéndum pactado, creo que los inversores y empresas no van a recuperar la confianza suficiente.
Temo que Cataluña se convierta en una región antipática, problemática, quejica, lo que es malo para las inversiones, los negocios y el turismo". El representante de Empresaris de Catalunya tiene sus propias reservas: "Son capaces de intentar cambiar o interpretar el reglamento del Parlament para que Puigdemont sea presidente vía Skype. Habría que ir a los tribunales para que invalidasen los acuerdos, y todo esto son meses. Algunos inversores y empresarios esperarían y otros se cansarían y se irían a otro sitio".
5.- Olvidarse la política económica
Otro riesgo que los empresarios dibujan es que la política catalana se siga centrando en el debate sobre la independencia y deje en segundo plano las medidas económicas que requiere Cataluña. Pimec incide en la necesidad de una Generalitat "con la necesaria sensibilidad empresarial para que inspire tranquilidad y garantice la seguridad económica y jurídica que necesita el país y su tejido productivo". Asimismo, la Cámara de Comercio de Barcelona detalla su petición de que la prioridad debe ser el desarrollo económico, como premisa imprescindible para el desarrollo social. Por su parte, la patronal vallesana Cecot insta a "desarrollar las grandes reformas pendientes", desde la reforma de la administración pública para hacerla más eficiente a la simplificación administrativa, la construcción de infraestructuras y el apoyo a la industria, la innovación y la internacionalización empresarial.
