La reelección de Elke König al frente de la Junta Única de Resolución (JUR) europea durante cinco años más por parte de la Eurocámara sonaba a una victoria de la ejecutiva alemana frente a la lluvia de demandas a las que se enfrenta la institución que encabeza por la resolución del Popular. Sin embargo, y tan sólo un día después de que se hiciera oficial su renovación, el Tribunal de Cuentas Europeo ha dado un baño de realidad al organismo de König al señalar la "existencia de deficiencias en la preparación de la JUR para desarrollar sus tareas". Hasta seis aspectos le recomienda mejorar para ejecutar bien su labor.
De un lado, el Tribunal de Cuentas asegura que la JUR ha "incumplido" sus objetivos a la hora de contratar personal suficiente y cualificado, hecho que ha "afectado negativamente" a todos los ámbitos de su actividad como adoptar decisiones de resolución y garantizar coherencia en el seno del Mecanismo Único de Resolución (MUR). En lo que se refiere a la planificación de la resolución, el organismo que preside Klaus-Heiner Lehne, asegura que es "un trabajo inacabado". La JUR no ha completado la planificación de la resolución para los bancos bajo su competencia y, aunque ha redactado planes en varias fases, ninguno "ha llegado a la fase final". Tampoco ha cumplido su obligación de fijar una fecha para la elaboración del primer plan de resolución para cada entidad, por lo que la mayoría de los bancos cuentan con versiones preliminares de los planes de resolución.
El Tribunal de Cuentas Europeo también critica que la institución que preside König no ha implantado un sistema completo de normas para abordar la planificación de la resolución, por lo que las orientaciones son "todavía insuficientes e inadecuadas" en el modo de actuar respecto a las entidades bajo su competencia. Además, siempre según el órgano auditor europeo, falta claridad en el reparto de las tareas ejecutivas entre las Autoridades Nacionales de Resolución (ANR) y la JUR y "no se han realizado simulacros periódicos con la participación de la ANR para probar el funcionamiento del proceso de resolución". El Tribunal espeta que el memorando suscrito con el BCE no garantiza que éste remita a la JUR información a su debido tiempo, pero es más, critica que partes de este memorando sean secretas. Finalmente, pide agilizar el flujo de información total del BCE al órgano de resolución sobre las entidades en riesgo.
Defensa de la institución
La JUR ha contestado punto por punto a las deficiencias que señala el Tribunal y asegura que, cuando se realizaron los trabajos de auditoría, aún no existían los documentos solicitados o sólo había un borrador. Remarca que parte de la información que pedía el auditor pertenecía al BCE, entidad a la que debía dirigirse. En línea con la solicitud de información, la junta vuelve a esgrimir el argumento de la confidencialidad asegurando que los documentos exigidos "contenían información altamente confidencial", "información sensible sobre determinados bancos que la JUR tiene la obligación de mantener" por lo que se dio acceso parcial a la misma.
La institución de resolución defiende que en 2017 ya ha avanzado mucho en los planes de resolución y señala que ya ha contratado a 160 nuevos empleados.
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