Pequeños y grandes accionistas del Popular e inversores atrapados en los bonos han emprendido una batalla legal tanto en Europa como en España para, o bien conseguir que se revierta la resolución del banco o una compensación por todo lo perdido.
Aunque desde el mismo día en que se selló el final del Popular tanto el Ministerio de Economía, como la Junta Única de Resolución (JUR), como el Frob, calificaron de rotundo éxito la primera resolución europea de la historia, el haber reducido a cero el valor de las acciones, coco's y deuda subordinada ya anticipaba que la resolución iba a provocar una elevada litigiosidad.
Y en estos recursos, que cuestionan la decisión tomada por el JUR, también se encuentra en el ojo del huracán su presidenta, la alemana Elke König. Y no solo por la decisión tomada, o por negarse en rotundo a difundir el informe de Deloitte, sino por unas declaraciones suyas difundidas por Bloomberg el 1 de junio, en las que afirmaba seguir muy de cerca el Popular para actuar en el caso de que no se concretara una solución privada.
Hay que recordar que el banco se desplomó en bolsa un 17 por ciento ese día, pese al desmentido posterior del JUR, y ya no volvió a levantar cabeza.
Como la muerte del banco no fue provocada por su insolvencia, sino ahogado por la falta de liquidez que provocó la huida masiva de depósitos, los recurrentes no se olvidan de incluir en sus argumentos ante Europa que Köning, antes de completar "una resolución de libro", como ella la calificó, propició la enfermedad letal del banco español.
En el plano nacional, pequeños accionistas, pymes e inversores institucionales asociados en plataformas o de forma individual han reclamado o están estudiando la interposición de demandas civiles contra el Popular.
El objetivo es resarcirse del daño económico causado, total o parcialmente y entre los argumentos para sacar a delante esta pretensión se encuentra uno muy similar al utilizado en el caso Bankia: que hubo un vicio de consentimiento en la compra de las acciones, en la ampliación o en un momento posterior, ya que la información pública del banco era errónea.
Una de las plataformas que quiere agrupar al mayor número posible de afectados es la promovida por Félix Revuelta, exaccionista del Popular y dueño de Naturhouse, que afirma haber perdido 45 millones en la entidad que hasta el 7 de junio presidía Emilio Saracho. Su equipo jurídico estudia qué armas puede utilizar para recuperar parte de lo perdido y se centra, sin rechazar otras vías, en dirigirse contra el Popular y PwC, la auditora del banco.
Plazo de hasta cuatro años
Los perjudicados que se inclinen por demandas civiles contra Popular son los que tienen más plazo para acudir a los tribunales, ya que en función de la casuística de cada uno y del argumento jurídico utilizado tendrían un plazo de entre uno y cuatro años.
Al dirigirse contra el Popular, el responsable último sería el Santander, matriz actual del banco. Esta entidad ha admitido, en su informe semestral, que le es imposible cuantificar un impacto concreto de las reclamaciones. La razón es que en un proceso de resolución, sin precedente alguno, «no es posible anticipar las pretensiones concretas que se harían valer, ni sus implicaciones económicas». Santander explica que podría suceder que las eventuales reclamaciones no cuantifiquen sus pretensiones, aleguen interpretaciones jurídicas nuevas o involucren a un «elevadísimo» número de partes.
En todo caso, la entidad ha emprendido lo que califica como acción comercial, no tanto para resarcir a los antiguos accionistas del Popular, como para retener en el banco a clientes que también tenían inversiones en el capital. La entidad que preside Ana Botín ofrece, a cambio de renunciar a cualquier reclamación en los juzgados, bonos perpetuos, con un cupón del 1 por ciento anual y amortizables a los siete años. Esta compensación excluye a grandes accionistas del Popular y a todos aquellos que hayan formado parte de su consejo de administración.
Pero el Popular no es el único foco de las iras de los afectados, sino también la decisión de declarar al banco inviable y decidir su resolución. Por ello, y también por que el plazo es considerablemente más breve para reclamar, los recursos se agolpan en la Audiencia Nacional, contra el Frob, y contra el JUR en el Tribunal General de la Unión Europea, dependiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el órgano competente para revisar las decisiones tomadas por las instituciones de la UE.
Por estas vías, junto a pequeños accionistas, empresas y grandes fondos afectados por la amortización de bonos, también recurren los que fueron grandes accionistas del Popular y miembros del consejo de administración. Algunos, fieles al expresidente Ángel Ron, y otros, ejecutores de su salida y valedores de las decisiones adoptadas en la era de Emilio Saracho.
El polémico magnate Antonio del Valle y su entorno de empresarios aztecas, los que forzaron la salida de Ron y la contratación de su sustituto, han recurrido en las dos instancias. En la Audiencia Nacional, personas próximas a su entorno interpusieron un recurso contra el Frob, en el que también se solicitaban medidas cautelarísimas para suspender de inmediato la resolución del Popular y posterior adjudicación al Santander y para impedir su inscripción en el registro.
La urgencia para adoptar estas medidas, sin embargo, no fue apreciada por la Audiencia, que las estudiará, ya como medidas cautelares ordinarias, en septiembre.
Fuentes jurídicas dan pocas posibilidades de éxito a esta pretensión, una vez que los magistrados han descartado esa urgencia, mientras el Santander, ya con todos los vistos buenos de la Comisión Europea, hace y deshace en el Popular, como la recomposición de su capital, tras la conclusión de la ampliación, o el acuerdo de venta del 51 por ciento del riesgo inmobiliario de su filial.
Otros afectados que han recurrido a la Audiencia pidiendo la anulación de la resolución, son los que se agrupan en Adicae, que afirma que el proceso no correcto, ni transparente, y se dieron ventajas al Santander.
Así mismo, se alega esa falta de transparencia por parte de la familia chilena Luksic y afirma que atenta contra los derechos de propiedad. Por todo ello, pide el pago de daños y perjuicios.
La Audiencia también ha recibido, y aceptado, el recurso de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), cuyos magistrados pidieron al Frob todos los expedientes relacionados con la decisión del 7 de junio.
Solicitud del informe
Esta organización también dirigió una carta a la Comisión Europea solicitando toda la documentación relacionada con la resolución del Popular, en especial el informe en el que se basó el JUR para amortizar acciones y deuda del popular: el de Deloitte.
Por ahora este informe es el mayor de los secretos y el motivo que se alegue repetidamente falta de transparencia en el proceso. Este informe, que König dice no poder divulgar por toda la información sensible que contiene, es en el que se basó el JUR para, en primer lugar, amortizar acciones y bonos y para establecer que ninguno de los accionistas o tenedores de deuda soportó con la resolución, pérdidas superiores a las que habría tenido si el popular hubiera ido a concurso de acreedores.
Deloitte establecía un valor económico del banco de 2.000 millones negativos en un escenario central y 8.200 millones de valor negativo en un escenario estresado.
Un informe, encargado a otra consultora con posterioridad a la resolución, que aún no se ha publicado, es el que debe confirmar la tesis en la que se basó el JUR.
El Frob, la autoridad de resolución española, materializó la decisión tras la decisión de la JUR, pero si fuera condenada a compensar a los afectados, la factura final correría a cuenta de la JUR.
Es esta institución europea contra la que se dirigen los recursos presentados ante el TGUE. También aquí confluyen pequeños y grandes accionistas.
Entre los primeros, Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas) que agrupa más de 4.000 accionistas, y que reclama que se devuelva 1,85 euros por título, el cálculo de su capital entre el número de acciones. Los despachos Rúa Abogados, con más de 2.000 afectados, y Cremades & Asociados, que agrupa a accionistas y bonistas, también han acudido a Luxemburgo.
Entre los grandes accionistas, han recurrido Del Valle y la Sindicatura de Accionistas y, para los próximos días, se espera el recurso de Luksic, al igual que Pimco y otros grandes fondos atrapados en los bonos del Popular
La mayoría alega que el procedimiento no era legal, ya que no se cumplían los supuestos reservados en la normativa comunitaria para resolver una entidad, ya que Popular era solvente. También se insiste en la violación de los derechos económicos de accionistas e inversores, y, por supuesto, en el papel desempeñado por Elke Köning en el final del Popular.
Aparte de todas estas acciones judiciales, que buscan una compensación económica, en España también se han presentado denuncias. Los que acuden a la vía penal van contra el equipo gestor de Ron o bien contra el de Saracho. Así, Aemec, representado por Cremades & Calvo Sotelo, denunció ante Anticorrupción al último consejo de administración , con Saracho y Antonio del Valle a la cabeza, por posible administración desleal y hundir el precio de la acción. Saracho también tendrá que hacer frente a la denuncia de un grupo de minoritarios representados por Durán & Durán. La gestión de Ron también se analizará en los tribunales. El expresidente, junto al ex consejero delegado, Pedro Larena, el vicepresidente Roberto Higuera, y la auditora PwC, han sido denunciados por la OCU.
