¿Faltan 1.700 millones en la corrección del déficit de Italia? Según el ministerio de Economía transalpino la culpa es de los "diferentes métodos de cálculo" que Roma y Bruselas emplean a la hora de estimar el crecimiento potencial del país. Vuelven a tensarse las relaciones entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea (CE).
Hace dos semanas, el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis y el comisario de Asuntos Económicos Pierre Moscovici escribieron una carta al titular transalpino de Economía Pier Carlo Padoan, para pedirle aclaraciones sobre el plan presupuestario para 2018 y sobre la reducción del déficit. Según la CE, en las previsiones de Roma falta un 0,1%, o sea, 1.700 millones de euros. Es poca cosa con respecto a las enormes desviaciones del pasado, pero se trata de un nuevo incumplimiento por parte de un país que en los últimos años se ha beneficiado de casi 20.000 millones de euros de derogaciones a los compromisos presupuestarios.
Padoan contestó a la carta intentando convencer a la CE de que no hay un problema de recursos: todo se debe a maneras distintas de calcular el output gap, la diferencia entre el crecimiento potencial y el crecimiento real de la economía. Según Roma, Bruselas subestima el crecimiento potencial italiano y por esto pide correcciones presupuestarias más duras.
"La diferencia del 0,1% entre la corrección del déficit estructural prevista por el plan presupuestario (0,3%) y las indicaciones de la CE (0,2%) debe atribuirse a una diferente aplicación de la metodología utilizada en el cálculo del crecimiento potencial (y, por tanto, del output gap)", escribe Padoan.
El ministro italiano de Economía además volvió a subrayar el compromiso de Roma con la acogida de refugiados que, según defiende Padoan, pesa el 0,25% del PIB nacional. Padoan enumera también las últimas reformas (liberalizaciones y medidas para mejorar la eficiencia de la administración pública), indicando que estas podrían generar un crecimiento del PIB del 3% durante los próximos 5 años. "Teniendo en cuenta estos elementos, pensamos que los objetivos fiscales previstos por el plan presupuestario están en línea con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", añadió, concluyendo: "Confiamos en que la Comisión lo tenga en cuenta en su juicio", el 22 de noviembre.
Horizonte electoral
A pocos meses de las elecciones generales, el Gobierno italiano intenta minimizar el esfuerzo prespuestario y resaltar las pocas luces - más que las tantas sombras - de su agenda económica, empezando por la recuperación. Hace dos semanas la agencia calificadora S&P aumentó la nota de Italia a BBB con perspectiva estable, pues espera que las autoridades alcancen su objetivo de un déficit presupuestario de 2,1% del PIB este año. "En nuestra opinión, la resolución de las crisis relacionadas con el banco Monte dei Paschi di Siena y dos entidades bancarias regionales en Veneto, así como el hecho de haber dispuesto rápidamente de los activos improductivos en el sistema bancario, respaldan la mejora de las perspectivas económicas de Italia", señaló S&P, que unos días más tarde revisó al alza su juicio sobre las principales entidades transalpinas Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Bnl y Unicredit (de BBB- a BBB). De hecho, los bancos italianos lograron deshacerse este año de unos 60.000 millones de euros de créditos dudosos, aunque sigue teniendo más de 200.000 millones.
S&P agregó que podría elevar la nota de Italia nuevamente si el Gobierno continúa implementando reformas estructurales que mejoren aún más el crecimiento económico. Pero avisó de que la nota podría reducirse si el crecimiento se estanca, el saldo de la cuenta corriente cae a rojo o si se interrumpen las medidas de consolidación presupuestaria.
El riesgo principal es la inestabilidad que se podría ocasionar tras las elecciones generales que se celebrarán en la primavera de 2018, ya que la ley electoral recién aprobada por el Parlamento complica la gobernabilidad del país. Se trata de una norma que protege a los pequeños partidos, ya que es necesario apenas el 3% de los votos para entrar en el Parlamento, y que favorece gobiernos de coalición. Tal y como indican los analistas de S&P: "La incertidumbre política relacionada con el resultado de las elecciones podría afectar a la recuparación económica, con consecuencias sobre su sector financiero".