Con la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o Nafta, por sus siglas en inglés) retrasándose hasta el próximo 17 de noviembre, los equipos negociadores de Estados Unidos, México y Canadá buscan formas de solventar las diferencias tras su último encuentro en Arlington, Virginia, hace poco más de una semana.
Un periodo de tensa calma, aderezado por el malestar de patronales y grupos de presión estadounidenses que consideran que algunas de las peticiones de Robert Lighthizer, el representante comercial de EEUU; y John Melle, su negociador jefe; no casan con los objetivos de inversión y beneficios que obtienen un amplio rango de industrias y sectores. De hecho, la propuesta incluye una cláusula de rescisión cada cinco años que anule automáticamente el TLCAN si no es aprobado por los tres países.
Así, se busca transformar la cancelación automática en una revisión, un revulsivo edulcorado que acomodaría el apoyo de los mexicanos y canadienses. Sin embargo, no está claro que Lighthizer ceda e, incluso, se rumorea que EEUU quiere ligar esa cancelación automática a los déficits bilaterales con sus vecinos del norte y del sur. Es por ello que la posible salida de EEUU cuando se completen las negociaciones en el primer trimestre de 2018 aumentan.
En un análisis reciente, el economista del Instituto Internacional de Finanzas, Martín Castellano señala que debido a su pertenencia a la OMC, México vería mitigada la pérdida de competitividad ya que sus exportaciones enfrentarían un arancel medio del 2,4%. Por el contrario, el Gobierno mexicano podría imponer tarifas de hasta un 5,1% a los envíos estadounidenses. En el caso de la industria automotriz, los vehículos convencionales que México envíe a EEUU enfrentarían un arancel del 2,5%, mientras que exportar sus productos agrícolas serían un 5,2 más caro. Eso sí, los exportadores agrícolas de EEUU pagarían un 14,6% en su relación comercial con México.
A ojos de los expertos del IIF, México puede amortizar el fin del TLCAN a través del marco regulatorio de la OMC, ofreciendo incentivos a las compañías de EEUU para continuar operando en el país, mantener un tipo de cambio flexible y rubricando tratados de libre comercio con otros países. Aun así, las inversiones en el país ya se han visto debilitadas y apunta que con unas elecciones presidenciales en ciernes el próximo año, "donde un candidato nacionalista puede salir elegido, la persistente incertidumbre sobre las relaciones con EEUU pueden abocar a la economía mexicana a una recesión en 2019".