El Gobierno autorizó ayer la entrada de otros operadores independientes e incluso extranjeros, al margen de la SGAE, para la gestión de los derechos de autor en España. Hasta, la Sociedad General de Autores controla de manera casi monopolítica este sector en nuestro país, ya que la presencia de otras entidades es testimonial.
Para liberalizar el sector y ante la ola de polémicas que vive de nuevo esta institución, el Ministerio de Cultura ha aprovechado la transposición que debía hacer de la directiva europea sobre entidades de gestión de derechos de autor y ayer aprobó en Consejo de Ministros la tramitación urgente de esta reforma a través de un anteproyecto de ley que fue aprobado por la tramitación urgente .
En concreto, el anteproyecto recoge la regulación "de otros operadores que, al margen de las entidades de gestión establecidas en España, puede gestionar colectivamente derechos de propiedad intelectual en nuestro país". Es decir, una apertura del mercado a nuevos actores en el escenario de la gestión de derechos de autor y una regulación del régimen jurídico aplicable "a los operadores de gestión independientes y a aquellas entidades de gestión establecidas fuera de España que quieran prestar servicios en territorio español".
Auditoría interna
Estas medidas, según el Gobierno, "refuerzan" las aprobadas en la última reforma en la Ley de Propiedad Intelectual. Además de la entrada de otros operadores, la reforma también incluye medidas sobre gobierno interno, transparencia y la rendición de cuentas. Entre estas actuaciones, destaca la obligación de que cada entidad de gestión cree "un órgano de control interno que supervise a sus propios órganos de gobierno en aspectos tales como el reparto de los ingresos recaudados, la tramitación de expedientes disciplinarios o la ejecución del presupuesto", una especie de auditoría interna permanente.
Dicho órgano estará compuesto por "miembros de la entidad junto con personas independientes ajenas a la misma". Asimismo, las entidades de gestión tendrán la obligación de publicar "un informe anual de transparencia, así como la auditoría de sus cuentas anuales".
