El Govern dio ayer forma al mantra de que una Cataluña independiente tiene las pensiones aseguradas presentando un informe en el que sostiene que el sistema de la Seguridad Social es "más sólido y viable" en Cataluña que en el conjunto de España, aunque ambos presentan déficit actualmente.
Pero esta sostenibilidad tiene truco, ya que la Generalitat espera que el Estado siga pagando las pensiones aunque Cataluña se independice, hasta que el Gobierno catalán y el español lleguen a un acuerdo bilateral de reparto de activos y pasivos.
La consellera de Trabajo, Dolors Bassa, defendió en rueda de prensa que las pensiones son un "derecho contractual" que los gobernantes tienen la obligación de pagar según los años de cotización de cada persona, y que "en ningún sitio habla de nacionalidades".
Puso el ejemplo de los jubilados extranjeros que viven en España, pero reciben su pensión de su país de procedencia, que es donde trabajaron y cotizaron. El día anterior al inicio de la campaña electoral para el referéndum ilegal del 1 de octubre, Bassa fue más allá con el objetivo de captar más partidarios de la secesión con el manido cebo de las pensiones, proclamando que, en caso de ruptura, revalorizarán las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC "como hacen todos los países de Europa".
Sostuvo que las pensiones contributivas en Cataluña, que actualmente presentan déficit, llegarán al equilibrio en "primavera de 2018", según unos cálculos que no tienen en cuenta el posible impacto negativo que tendría la independencia en el empleo.
La Generalitat basa la sostenibilidad de una Seguridad Social propia en que Cataluña tiene ahora una tasa de ocupación de 20 a 64 años del 70,1 por ciento, "similar" a las medias de la UE y la OCDE, frente al 63,9 por ciento del conjunto de España. También señala que el 42,1 por ciento de la población catalana estaba afiliada a la Seguridad Social en 2016, frente al 37,3 por ciento de España.
Además, el Ejecutivo catalán aduce que Cataluña tiene más población activa y menos porcentaje de paro que la media estatal, así como salarios más elevados. Por todo ello, el estudio concluye que la dependencia de recursos públicos adicionales para financiar las prestaciones es "mucho menor".
El déficit de la Seguridad Social en Cataluña que esgrime el Govern en 2016 es casi cuatro veces menor al que recoge la web de la Seguridad Social, lo que la Generalitat atribuye a que el Estado agrega menos datos y recoge cifras provisionales.
