Uno de los grandes retos que afronta el Gobierno en 2017 es alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas parlamentarias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
La primera medida anunciada por el Ejecutivo para afrontar el agotamiento del Fondo de Reserva el próximo año y la falta de ingresos de la institución, que cerrará el ejercicio con el mayor déficit de su historia, unos 18.300 millones de euros, pasa por la emisión de deuda pública para pagar las pensiones, cuando se haya liquidado la hucha. No obstante, otras reformas serán necesarias para afrontar el problema estructural de crecimiento de las clases dependientes y a tenor de las sugerencias lanzadas desde diferentes ámbitos políticos, empresariales y sindicales, irían encaminadas a compatibilizar el cobro del cien por cien de la prestación con un salario para los jubilados que quieran seguir en activo y la financiación vía impuestos de parte de los gastos de la Seguridad Social.
La primera propuesta de conciliación de pensiones y salario fue lanzada por la ministra de Empleo Fátima Báñez, la última vez durante una reunión de la Comisión del Pacto de Toledo. Entonces, la ministra aclaró que la medida "sería voluntaria" y que el saneamiento de las cuentas de la institución previsora vendría por la creación de empleo. El profesor de economía de la Universidad de Navarra, José Luis Álvarez, asegura que al tener un carácter voluntario "sería sencillo de implantar". En la misma línea el presidente del Consejo de Colegios de Economistas, Valentí Pich, lo considera una buena forma de "crear incentivos al trabajo". Mientras que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) propuso ante los comisionarios del Pacto de Toledo, que la edad de jubilación se retrase progresivamente hasta los 67 años. Medida que según la organización dotaría al sistema de 71.000 millones de euros en 2050.
La 'cara B' de la medida
No obstante, otros expertos advierten de una cara B de la medida de conciliación, ya que "la reducción de gasto público sería mínima" si lo cotizado por esta persona es lo que deja de aportar al sistema el trabajador que ocuparía dicho puesto. "Lo que ganaría la Seguridad Social sería la diferencia en la cotización entre el empleado mayor -que continúa tributando- y la que haría el nuevo trabajador", explica el profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Miguel Ruesga. También el profesor del ramo de la escuela de negocios CEF Juan Fernando Robles advierte de la subida de la cuota de solidaridad que abonan los beneficiarios de este régimen, que pasaría del 8 al 10 por ciento. Cabe destacar que actualmente el Ministerio de Empleo tiene contabilizados unos 30.000 jubilados acogidos a la compatibilización actual del empleo con la percepción del 50 por ciento de la pensión.
La segunda reforma con visos de fructificar en esta legislatura es la relativa a la financiación de algunas prestaciones vía impuestos. Aunque la ministra Báñez sólo ha planteado la posibilidad de llevar a los Presupuestos del Estado el coste de las tarifas planas y las reducciones de apoyo al empleo en las cotizaciones a la Seguridad Social, para ahorrar 1.900 millones de euros anuales a las cuentas de la institución, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) va más allá y pide que en esta partida se incluyan los 20.000 millones de euros destinados anualmente al pago de las pensiones no contributivas (viudedad y orfandad).
"Es sencillo de aplicar y se realizará mediante la subida de otros impuestos", afirma el economista y profesor del IEB, Javier Santacruz. No obstante, los analistas coinciden en que esta sería una medida de maquillaje que "traslada el déficit de la Seguridad Social al del conjunto del presupuesto del Estado", por lo que no solucionaría el desfase en las cuentas de la institución, según Ruesga. Por su parte, Mª Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, rechaza esta sugerencia por ser "un primer paso para alargar la edad de jubilación", lo que sería asumible "si tuviéramos otro mercado laboral" con menos paro de larga duración en mayores de 55 años y más empleo juvenil.
Otras propuestas, más complejas de implantar, pasan por articular un sistema mixto de pensiones (público y privado) con incentivos fiscales al ahorro, sugerido por el Círculo de Empresarios, o Fedea, que ahonda en esta idea y plantea un sistema asistencial de prestaciones de cuantía similar con independencia del tiempo de cotización. "¿Y la gente que ha cotizado toda su vida?", se pregunta Barrera, añadiendo que "se perdería la justicia social", ya que "el Gobierno incentivaría el ahorro para un negocio privado, como ya ocurre". Actualmente, 8.000 euros por persona al año están exentos de IRPF y no son gravados por la Seguridad Social. El profesor Ruesga concluye que "ninguna de las propuestas solucionaría el problema estructural de déficit" de las pensiones.
