La agencia de calificación Standard and Poor's (S&P) parece tener clara su visión sobre el futuro de la economía española. Si el Gobierno no lleva a cabo profundas reformas estructurales, el cuadro presupuestario para 2050 puede tener más sombras que luces. Según arroja su estudio Envejecimiento Global en 2016, el sistema de Seguridad Social español estará al borde del colapso debido al alto gasto en pensiones y sanidad, que alcanzará el 22% del PIB dentro de 30 años (desde el 16% actual), lo que llevaría la deuda pública a escalar hasta el 157% del PIB.
El informe se basa en las proyecciones de envejecimiento de la población elaboradas por Eurostat, desde donde aventuran una disminución de la población española desde los 46,1 millones de personas contabilizadas en 2015 hasta los 44,4 millones que se esperan en 2035. Este retroceso poblacional se agrava teniendo en cuenta la previsión de que el ratio de personas necesitadas de alguna prestación del Gobierno crecerá desde el 27% de 2015 al 62% para 2050. Además, la población en edad de trabajar descenderá del 67% actual al 53,4 para ese mismo año. Así, se plantea un escenario en el cual se reduce la base de cotizantes y aumenta el volumen de personas dependientes de las ayudas del Estado.
Reto presupuestario
Esta coyuntura de falta de ingresos para financiar el sistema público de pensiones plantea un reto para el Gobierno, que debe aplicar las reformas necesarias para aplacar la situación de insostenibilidad y que según la agencia de calificación, se hace extensiva a la mayoría de países desarrollados. "El peso del gasto público, incluido el correspondiente a la Seguridad Social, podría aumentar significativamente, conllevando un incremento de los intereses de la deuda", por lo que la deuda pública neta de España se situaría en 157% del PIB en 2050, mientras que en la media de los países del entorno se encontraría sobre el 134%.
Así, S&P reclama que los gobiernos centrales "confronten los pronósticos implementando una consolidación presupuestaria o reformando los sistemas de Seguridad Social", en el caso de España, más allá de las acometidas entre 2011 y 2013. De la misma forma, el calificador sugiere que si estas reformas se llevan a cabo, "la valoración de deuda soberana a largo plazo subirá entre 2020 y 2035" del BBB+ que tiene actualmente.
Ahondar en las reformas
La propuesta de S&P para solventar las deficiencias económicas que provocó la crisis financiera de 2008, con un incremento exacerbado de la tasa de paro, pasa por revertir ese escenario. El calificador recuerda así que España es el segundo país de la Unión Europea con más desempleados, solo por detrás de Grecia. Con una previsión del 17,4% de parados a cierre de 2017, la reconstrucción del tejido laboral parece crucial para apuntalar los cimientos de la recuperación.
No obstante, la agencia aboga por ahondar en las reformas que ya introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, entre las que se incluyó una restricción de la jubilación parcial y la anticipada, una modificación de la base de cotización en función de la esperanza de vida y un nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones -del 0,25% al año como mínimo legal- en lugar de la revisión en función de la actualización del IPC. "Serán necesarias medidas más profundas para contener las presiones", señala el informe además de animar al Ejecutivo a "encontrar el equilibrio entre la proporción de un sistema de seguridad social sostenible y la certeza de que el reparto se adecue a los receptores" de las prestaciones.
Reacciones políticas
Desde el Gobierno y el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario ya han comenzado a buscar medidas que puedan reformar el sistema de garantía de las pensiones ante el cuadro de escasez de ingresos que ahoga las cuentas de la Seguridad Social. Desde que finalizó el periodo de interinidad del Ejecutivo en octubre de 2016 con la investidura del presidente Rajoy, las reuniones del Pacto de Toledo se han intensificado para exponer diferentes soluciones ante el problema venidero.
La primera propuesta en firme saliente de esta serie de reuniones que mantiene la Comisión para el seguimiento del Sistema fue anunciada por el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, quien reconoció que el Fondo de Reserva "se puede agotar", pero asegura que el pago de las prestaciones está garantizado, "puesto que se emitiría más deuda pública para sostener las pensiones". En este sentido, Nadal defiende la necesidad de no revertir las reformas estructurales impulsadas en los últimos cinco años y, en concreto, la del mercado laboral de 2012 y conservar "la flexibilidad de las empresas para competir en el mercado internacional".
Además, el secretario de Estado disipa los temores al fantasma de una posible privatización del sistema de pensiones: "En ningún momento se ha planteado, ni se va a plantear, ni en el medio, ni el corto, ni en el largo plazo, privatizar el sistema de pensiones", añadiendo que tal cosa no ocurrirá mientras existan los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Pacto de Estado
La intención de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, es alanzar un pacto con todos los partidos políticos sobre las reformas que se deben implantar en el marco regulador de las pensiones. Soluciones para un Sistema que cerró 2016 con el mayor déficit de la serie histórica, en torno a los 18.800 millones de euros y que ingresó menos de lo previsto por el Gobierno al principio del ejercicio, aunque este año muestra una mejor salud ya que elevará sus ingresos un 6,8%, directamente ligado al incremento de afiliaciones a la Seguridad Social. Cabe destacar que julio cerró con una media de 644.337 afiliados más en el Sistema, un 3,61% más en tasa interanual, lo que supone el mejor registro en un mes de julio de los últimos 11 años.
Un acuerdo que será difícil de encauzar teniendo en cuenta que la sequía de ingresos está directamente relacionada con la caída de las cotizaciones sociales que aportan los trabajadores. Por lo que cualquier modificación necesaria en el mercado laboral conllevaría el enfrentamiento de posturas entre los partidarios de modificar ciertos aspectos de la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP, como son Ciudadanos y PSOE, y los que abogan por reordenar el marco legislativo y derogar el documento actual, como propone Unidos Podemos.
La 'hucha' de las pensiones, límite 2017
Uno de los principales motivos de la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se encuentra en vías de extinción. El Gobierno de Mariano Rajoy ha dejado el fondo en 15.020 millones de euros, una cifra que no alcanza para la paga extra de verano a los pensionistas, que supone un gasto de 17.500 millones de euros. Por ello, los PGE incluyen un préstamo a la Seguridad Social de 10.129 millones de euros. Una cifra que tampoco daba para pagar las pensiones del pasado mes de julio ya que además de los 17.500 millones que suponen la nómina del mes y la paga extra, hay que sumar 1.000 millones de la liquidación del IRPF de los pensionistas.
