Economía/Energía.- La CNE pide que se suprima el derecho a interponer recursos de alzada contra sus decisiones

Solicita que se anule el artículo de la Ley de Hidrocarburos que permite al ministro de Industria asistir a las reuniones del consejo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) aboga por que se suprima el derecho de interponer recursos de alzada ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en contra las decisiones que adopte, según consta en el informe del regulador energético sobre el anteproyecto de ley que adaptará las directivas de gas y electricidad a la legislación española, al que tuvo acceso Europa Press.

La CNE esgrime que dado que como organismo público no está integrado en la estructura orgánica del Ministerio, ni subordinado jerárquicamente a este departamento, mantener este mecanismo de recurrir sus decisiones ante Industria no concuerda "con la independencia que como autoridad reguladora ha de tener en el marco de la directiva".

De esta manera, el organismo que preside María Teresa Costa prevé aprovechar la transposición de estas directivas para dotarse de más independencia y blindar así sus decisiones sobre las operaciones que afecten a las actividades reguladas.

A su juicio, la eliminación del derecho a ejercer este recurso "no ha de generar ningún tipo de indefensión ni mermar las garantías de los sujetos afectados por las decisiones en cuanto que éstas serían recurribles directamente en vía juridisccional, previa interposición en su caso del recurso potestativo ante la propia CNE". Además, asegura que esta supresión vendría a unificar el sistema de recursos en relación con las decisiones de la CNE y a homogeneizar las decisiones.

CINCO RECURSOS EN ESTUDIO.

El organismo regulador de los mercados energéticos defiende eliminar este recurso en un momento en el que el departamento que dirige Joan Clos ultima la respuesta a los cinco recursos de alzada presentados en contra del dictamen por el que aprobó con condiciones la OPA del grupo alemán E.ON sobre Endesa.

Industria tiene ante sí el difícil reto de resolver estos recursos teniendo en cuenta las alegaciones de las partes interesadas; la opinión de Bruselas, que declaró ilegales las condiciones impuestas por la CNE y exigió su retirada, y la postura del Gobierno de preservar la garantía del suministro, todo ello sin desacreditar a la CNE ni deteriorar su imagen.

Dichos recursos, presentados por E.ON, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y la Asociación de Accionistas de Empresas Energéticas, cuestionan el dictamen de la CNE en diferentes direcciones, de forma que unos consideran que la decisión del regulador es demasiado estricta y marcada por el contexto político y otros estiman que es muy flexible y pone en riesgo la seguridad y calidad del suministro.

RESTRICCIONES A LA ENTRADA EN LAS REUNIONES DE LA CNE.

La CNE propone la supresión del artículo de la Ley de Hidrocarburos que prevé que el ministro de Industria, el secretario de Estado o el alto cargo en quien deleguen pueda asistir con voz pero sin voto a las reuniones del consejo de administración del regulador, ya que esta previsión no está contemplada en ninguna de las respectivas leyes por las que se rigen otros organismos reguladores, como la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según la CNE, la supresión que se propone, "además de resultar coherente con la autonomía que las directivas postulan para la autoridad reguladora del sector eléctrico y del gas, vendría al mismo tiempo a dar coherencia a la normativa española sobre organismos reguladores, al eliminar la asimetría hasta ahora existente en este punto entre los reguladores de los distintos sectores económicos".

PLAN DE ACTUACIÓN AL MARGEN DE INDUSTRIA.

Además, la CNE proponer acabar con la obligación de elaborar en coordinación con Industria y con carácter anual el plan de actuación por el que se aprueba el reglamento del regulador, al considerar que "la exigida coordinación no se adecúa bien a la independencia que la CNE ha de tener".

También cree necesario suprimir la exigencia de sometimiento de las circulares de la CNE a informe de la Abogacía del Estado del Ministerio, ya que el regulador de los mercados energéticos ya "dispone de su propio asesor jurídico". En este sentido, estima que el informe de la Abogacía, que "vendría a duplicar un control de legalidad, resulta innecesario, generando además una apariencia de dependencia respecto a la Administración del Estado".

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