El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite la normativa de la Junta de Andalucía que permite devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica, en vigor desde el pasado mes de enero, y ha decretado la suspensión cautelar de esta medida.
Según informa el TC en un comunicado, la suspensión de la vigencia y aplicación de las normas impugnadas "es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución", que establece que "el Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas" y determina que "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
En este sentido, el TC subraya que "la admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en próximas fechas".
Estudio para 2018
La semana pasada, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, aseguró que el Gobierno estudiará en 2018 implantar la jornada de 35 horas semanales en el sector público y ha explicado que se hará por sectores para ver "dónde se puede aplicar y dónde no".
Sin embargo, el secretario de Estado quiso dejar claro que el Gobierno no iba a retirar el recurso ante el Constitucional contra la Junta de Andalucía que implantó la jornada de 35 horas y explicó que la modificación se pretende llevar a cabo "a futuro".
