El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este viernes que el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras mediante colaboración público-privada contará con una inversión de 5.000 millones de euros. El dinero se destinará a actuaciones en más de 20 corredores importantes del país y que abarcarán más de 2.000 kilómetros de autovía, el equivalente al 12% de la actual red (unos 16.281 kilómetros). Recurre al 'Plan Juncker' para financiar su programa.
Rajoy ha presentado este plan, que se ejecutará entre 2017 y 2021, y en el que las empresas concesionarias de las obras se encaragarán de la construcción y asumirán su mantenimiento durante treinta años. Mariano Rajoy ha destacado que gracias a este plan se crearán 189.200 puestos de trabajo y las inversiones se traducirán en un retorno fiscal de unos 3.000 millones de euros.
Las empresas recuperarán esta inversión una vez acaben las obras y pongan la autovía en explotación. A partir de ese momento, recibirán un pago o canon anual del Estado durante los treinta años en los que se encargarán del mantenimiento de las vías que, de esta forma, quedan libres de peaje para los usuarios finales.
Nuevo sistema de concesión
Será un sistema concesional novedoso que rompe por completo con los implementados en el pasado en España y que enlazará con los que se utilizan en otros países europeos como Reino Unido y Holanda, tal y como avanzó este diario, y con el Plan Juncker, que ejercerá como financiador de una parte del programa.
Así, la fórmula escogida para llevar adelante este plan es la de colaboración pública privada de pago por disponibilidad, por la que el Estado sólo abona la inversión al adjudicatario de la obra cuando la autovía ya se encuentra a disposición, que, además, permite que la inversión no compute en déficit ni tenga efecto sobre la deuda.
Rajoy ha recordado que esta fórmula ya ha demostrado su éxito en Europa, donde ha pasado de utilizarse en un 5% de los proyectos a más del 90% en los últimos diez años, y ha indicado que a través de ella se puede multiplicar por seis la capacidad de gasto en carreteras que permiten los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en un año.
El presidente ha dicho que de esta manera esta inversión de 5.000 millones de euros complementa a la anual prevista en los PGE y ha señalado que se destinará a completar los tramos de la red transeuropea que están pendientes, resolver cuellos de botella de algunas vías, adaptar las autovías más antiguas -las denominadas autovías de primera generación- a las nuevas exigencias y a asegurar la conservación de los proyectos que se realicen.
Responsabilidad del mantenimiento
En este sentido, ha indicado que los adjudicatarios de las obras del plan se responsabilizan de su mantenimiento durante treinta años a partir de la entrega de la carretera y tienen la obligación de conservarlas con los mismos estándares de calidad que cuando se construyeron.
En virtud de estos contratos, las constructoras tendrán que adelantar el importe necesario para acometer las obras. En concreto, deberán aportar recursos propios para cubrir un 20% de la inversión y financiar el 80% restante. En este caso, está previsto que el BEI contribuya con hasta un 40% del importe y lograr también fondos europeos del Plan Juncker.
Las empresas recuperarán esta inversión una vez acaben las obras y pongan la autovía en explotación. A partir de ese momento, recibirán un pago o canon anual del Estado durante los treinta años en los que se encargarán del mantenimiento de las vías que, de esta forma, quedan libres de peaje para los usuarios finales.
Evitar que se repita el caso de los peajes
El Gobierno asegura que este tipo de contrato de colaboración con la iniciativa privada, (el 'pago por disponibilidad') es el más utilizado. Además, incluye medidas para evitar problemas como los registrados en otras infraestructuras construidas en años anteriores con capital privado, como es el de las autopistas de peaje actualmente en quiebra.
Así, el contrato no se vincula al tráfico que tenga la carretera, uno de los principales factores de la quiebra de las autopistas fallidas, dado que la constructora no recuperará la inversión cobrando un peaje sino una aportación del Estado. Asimismo, traslada todos los riesgos del proyecto (desde su financiación hasta los posibles sobrecostes) a las empresas.
Además, las obras que se incluyan en el plan pasarán un examen de viabilidad económica y medioambiental, y el pago de la Administración estará condicionado a que la vía presente un correcto grado de mantenimiento, que se medirá "mensualmente por unos concretos y estrictos parámetros".
Pago aplazado a 2020
Se estima que este pago supondrá a las arcas públicas unos 350 millones de euros al año una vez que en el horizonte de 2020 se vayan poniendo en servicio las autovías que se construyan al amparo plan. Se trata de un importe equivalente al 20% del Presupuesto anual de carreteras del Ministerio de Fomento.
El Plan de Inversión en Carreteras (PIC) es el primero en colaboración con la iniciativa privada que se pone en marcha en España desde hace más de una década, desde que el último Gobierno de José María Aznar construyó las últimas autopistas de peaje. El segundo Ejecutivo del PSOE lanzó un proyecto de este tipo, pero apenas se puso en marcha.
Llegarán más planes de infraestructuras
Se trata de un plan en el que el Gobierno lleva trabajando varios meses y que, según el sector, es el primer eslabón de un programa más amplio, que tendrá su continuación con planes específicos para el AVE y las infraestructuras de agua. Se ha comenzado por las carreteras dado que ha sido la partida más perjudicada por los ajustes de los últimos años.
Las actuaciones concretas que se ejecutarán a través del plan extraordinario de carreteras se presentarán después del verano, según ha dicho Rajoy. El presidente del Gobierno ha explicado que con estas inversiones se pretende conseguir, una vez que España está a punto de superar su déficit excesivo, la recuperación de un sector estratégico de la economía, como es la construcción, el único que, según ha recordado, aún no se ha incorporado a la creación de empleo.
En concreto, ha dicho que los expertos estiman que el plan tendrá un impacto en el empleo de 189.200 puestos de trabajo, de los que 150.000 corresponderán a la fase de construcción -48.000 empleos directos, 30.000 indirectos y 72.000 inducidos- y 39.200 a la de mantenimiento -12.000 directos, 8.000 indirectos y 9.200 inducidos-.
Además, ha destacado que las mejoras que proporcionará el plan permitirán reducir las emisiones de CO2 en 6 millones de toneladas al año en un país como España, con 26.000 kilómetros de vías estatales, y en el que el 90% del transporte de viajeros y el 93% del de mercancías se hace por carretera.