El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, culminó ayer una semana de actos para marcar el camino pretendido por JxSí y la CUP hacia la independencia de Cataluña, con la firma de nueve convenios tributarios con las cuatro diputaciones catalanas.
Con ellos, el Govern prevé que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda gestionar en septiembre la totalidad de los impuestos propios y cedidos, con una plantilla de 750 personas y 32 oficinas entre las propias y las compartidas con diputaciones y consejos comarcales.
"Tenemos las herramientas tributarias preparadas para los pasos decisivos que deberemos dar próximamente", afirmó en un acto en la Generalitat, junto al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y los cuatro presidentes de las diputaciones catalanas. Junqueras sostuvo que el despliegue de la ATC está cumpliendo los ritmos previstos, y Puigdemont constató que estarán "a punto para asumir cuando sea necesario" el resto de impuestos de los catalanes, que ahora pasan por la Agencia Tributaria estatal, y que son el 90 por ciento del total, indicó.
La presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, afirmó en el mismo acto que los cuatro organismos provinciales catalanes están "al lado del Gobierno de Cataluña" para la modernización del sistema fiscal catalán. Sin embargo, unas horas antes, no se mostró tan afín a las decisiones del Govern, y en una entrevista al medio local TotSantCugat -es alcaldesa de dicha localidad barcelonesa- recordó que hace tiempo que dijo que con el proceso independentista se podía llegar "a un callejón sin salida y un choque de trenes". Conesa, que es también presidenta del consejo nacional del PDeCat, lamentó la destitución el lunes del conseller Jordi Baiget por dudar de que se pueda celebrar el referéndum, ya que, en su opinión, no expresó "nada que no se hayan planteado muchas personas".
Caso Forcadell
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó ayer recursos en los que las defensas de los diputados de la Mesa del Parlament investigados en el caso Forcadell pedían el archivo de la causa alegando su inviolabilidad.
También comparecieron como testigos el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo -antes portavoz parlamentario del PP catalán-, y el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que consideraron que los investigados por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, al permitir que el pleno votara en julio de 2016 dos resoluciones prorreferéndum, actuaron a sabiendas de las advertencias judiciales.