Los Presupuestos de 2017 asumen un ajuste de 12.000 millones para reducir el déficit del 4,3% al 3,1% del PIB. En los detalles que ofreció el martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se logrará aumentando el gasto en 10.200 millones y gracias a un espectacular crecimiento de los ingresos tributarios. Pero el secreto hay que buscarlo en el cumplimiento de 2016 y, especialmente, en Bruselas.
Durante la crisis económica, la Comisión Europea se ha convertido en el enemigo exterior de los países que tuvieron problemas y el chivo expiatorio de los ajustes. Pero pasado lo peor, también se ha convertido en el mejor aliado de los ministros de Finanzas o por lo menos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En 2016 por primera vez el Gobierno ha logrado cumplir con los objetivos pactados con Bruselas desde que tomara las riendas en 2012, reduciendo el déficit desde entonces del 9% al 4,3% del PIB, un esfuerzo que ha requerido más de 50.000 millones.
No obstante, este hito no se hubiera alcanzado sin la relajación de objetivos de Bruselas. Inicialmente, la meta pactada estaba en el 2,8%, que estuvo contemplada en los Presupuestos de 2016, pese a que el objetivo presupuestario para 2015 ya apuntaba a una desviación de más de un punto. El Gobierno tuvo que reconocer posteriormente ya entrado el ejercicio que el déficit se situaría en 3,6% con la Actualización del Programa de Estabilidad enviado a la Comisión. Ante la dificultad para asumir el ajuste, Bruselas tuvo que levantar la mano y establecer una nueva senda presupuestaria dejando el déficit en el 4,6%.
Durante la negociación, España y Portugal tuvieron el dudoso honor de inaugurar el procedimiento sancionador por déficit excesivo, por la desviación de 2015, en caso de España de casi un punto, jugándose una multa de casi 2.000 millones. El asunto terminó en una seria advertencia del ejecutivo comunitario y una ampliación de plazo para corregir el déficit excesivo, estableciendo la nueva senda presupuestaria.
Flexibilidad de Bruselas
La permisividad de Bruselas ha permitido a España enjuagar una desviación en los Presupuestos de 2016 de 28.000 millones de euros en ingresos, incluyendo 13.600 millones menos en cotizaciones sociales, sobre un déficit histórico de la Seguridad Social de 18.000 millones.
Desviaciones en IRPF y Sociedades
Además de la desviación en cotizaciones, en 2016, la se inflaron los ingresos en 3.000 millones en el IRPF, principalmente por la pasada de frenada en la rebaja de la reforma fiscal de 2015. Montoro estimó un impacto recaudatorio de casi 6.000 millones, pero el impacto final fue de 3.800 millones más de lo previsto.
En el Impuesto de Sociedades la desviación resultó ser de 3.200 millones. Aunque a final de año, se improvisó la decisión de adelantar los pagos fraccionados de las grandes empresas, que permitió cumplir el déficit de 2016 ingresando 8.900 millones. Sin esta medida in extremis, la desviación se hubiera desbocado a 12.000 millones.
Para las cuentas públicas de 2017 -que aún deben ser aprobadas-, si el Gobierno de Rajoy logra mayoría parlamentaria, en junio, se plantea la mayor recaudación histórica de impuestos alcanzando una cifra de 201.000 millones. Montoro ha proyectado 5.300 millones más en IRPF, un aumento de 2.700 millones en Sociedades y unos ingresos por cotizaciones sociales a la Seguridad Social superiores a 7.500 millones, hasta los 110.000 millones.
