Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que este martes mismo ha presentado el ministro Cristóbal Montoro en el Congreso, esconden un nuevo déficit histórico en la Seguridad Social. Al término del año el agujero podría situarse entre el 1,7% y 1,8% del PIB, en torno a los 19.000 millones, al no contar este año el Sistema con los 2.000 millones extraordinarios que en ejercicios pasados inyectaba el Gobierno al Servicio Público de Empleo, el Sepe. Esa cantidad, en ocasiones, servía para cerrar algo el enorme agujero en las cuentas de la entidad que hoy por hoy abona más de 9,4 millones de pensiones.
Fuentes conocedoras de las grandes cifras de las Cuentas explican a elEconomista.es que la transferencia de 2.000 millones "ha dejado de tener sentido por el bajón que ha dado la tasa de desempleo". Tanto es así que el Sepe posiblemente gaste menos de 17.000 millones en pagar las prestaciones de paro, la menor cantidad desde el año 2009. Así, que recibiera una transferencia de 2.000 millones extraordinarios podría interpretarse como un intento un tanto burdo de compensar los números rojos de la Seguridad Social en lugar de reconocer la situación real de la misma.
Ya en años anteriores el Gobierno pudo tapar parte del agujero del Sistema por presupuestar de más al Sepe, algo de lo que se hizo eco la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Gracias a ese dinero, el agujero no rebasó el 1,5% del PIB hasta el año pasado, cuando se encaramó al 1,6%.
Pues bien, este año los presupuestos del Sistema reflejarán por primera vez la realidad del enorme déficit de una Seguridad Social que incorpora a 100.000 nuevos pensionistas cada año; al que acceden jubilados con derecho a mejores pensiones por sus buenas condiciones laborales (la tasa de cobertura supera de largo el 80%); y en el que el avance de las cotizaciones, del 6% hasta marzo, resulta insuficiente para ir corrigiendo el desvío.
Los números no cuadran
El viernes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda aseveró que el déficit de la Seguridad Social no sólo no subiría, sino que se reduciría al 1,4%. No dio motivos, pero sí habló del enorme avance de las cotizaciones para justificar las mejores perspectivas. Sin embargo, reducir el tamaño del agujero a 15.500 millones parece hoy casi una quimera, cuando el gasto en prestaciones aumentará como mínimo en 4.000 millones durante todo el año; y cuando va a ser necesario un préstamo del Estado de al menos 3.000 millones -obtenido a través de endeudamiento- para abonar la paga extraordinaria de diciembre a los pensionistas.
El as bajo la manga que se guarda el Gobierno es el superávit de las Administraciones Locales. A efectos de objetivos de déficit, Montoro ha situado el límite de los municipios en el 0%, si bien todo apunta a que al menos repetirán el superávit del 0,6% firmado en 2016 (es la única esfera administrativa sin déficit en los últimos seis años). Esas seis décimas pueden servir para cubrir las tres o cuatro de exceso en que va a incurrir la Seguridad Social, y el resto pueden ser empleadas por el Estado, que debe hacer el ajuste más profundo entre Administraciones (pasar de un desvío del 2,5% a otro del 1,1%).
Donde sí hay confianza es en el cumplimiento de las autonomías, que solo tienen que bajar el déficit del 0,82% al 0,6%. Y tendrán que hacerlo en un escenario casi idílico, cuando el Ejecutivo ha previsto en Presupuestos aumentar su financiación en 5.400 millones de euros para este año.
El déficit, de esta manera, respetaría el límite global del 3,1% impuesto por la UE si no hay sustos con la inflación o se produce un inesperado deterioro económico.