Rumanía lleva cerca de dos años presentando incrementos del PIB superiores al 4% interanual trimestre tras trimestre, mientras que la tasa de paro ha caído hasta el 5,5%. A pesar de estos datos, la corrupción crónica y algunas decisiones cuestionables del actual Gobierno ponen en peligro la economía de este país y la popularidad de los políticos gobernantes.
Sorin Grindeanu, primer ministro de Rumanía, y todo su Gobierno no gozan de demasiada popularidad a pesar de que ganaron las elecciones hace menos de cinco meses. Grindeanu no se atreve ahora a tocar los recortes de impuestos que prometió durante la campaña electoral, una decisión que puede hacer mucho daño a la economía del país a largo plazo.
La solución que está tomando el ejecutivo rumano pasa por que las empresas de titularidad pública incrementen el pago de dividendos. De este modo, los ingresos públicos por esta vía podrían llegar a ser suficientes para que Rumanía controle su déficit público.
Pero este movimiento ya cuenta con un elevado número de detractores. Como destacan desde el portal financiero Bloomberg, las críticas sobre el Gobierno se están ensañando con esta decisión tildada de corto-placista y que pone en peligro el crecimiento a largo plazo de la economía.
Mucho dividendo y poca inversión
Un elevado pago de dividendos en el presente puede ser sinónimo de una caída de la inversión y del crecimiento económico del país. Aunque esta política permita a Rumanía cumplir con sus compromisos este año, los próximos ejercicios puede ser una misión casi imposible.
Iounut Dumitru, economista de Raiffeisen Bank en Bucarest, destaca que "esta política tendrá efectos secundarios importantes porque disminuye la capacidad de las empresas para invertir y crecer".
"Antes o después, el Gobierno tendrá que afrontar cambios estructurales en el presupuestos, principalmente por la vía de los ingresos, que está siendo muy castigada por los recortes de impuestos y por el elevado fraude fiscal", destaca este economista.
Las previsiones de déficit público han empeorado recientemente. La Comisión Europea prevé un déficit del 3,6% del PIB para este año. El Gobierno ha reducido el IVA por un lado mientras que ha incrementado los salarios de los empleados públicos y de los pensionistas por otro. Las cuentas no salen si no se incrementan los ingresos fiscales.
Algunas empresas públicas tendrán que utilizar el 90% de sus beneficios para el pago de dividendos, lo que hace peligrar la inversión y la competitividad de estas firmas.
El Gobierno se enfrenta ahora a este problema después de la fuerte polémica que supuso una iniciativa que pretendía despenalizar la corrupción siempre y cuando el perjuicio fuera inferior a 44.000 euros.
La polémica iniciativa del Gobierno, del partido socialista, habría supuesto el archivo de decenas de procesos por corrupción y habría afectado también al que tiene pendiente el líder del Partido Social Demócrata, Liviu Dragnea, ya condenado por un caso de manipulación de un referéndum y pendiente de este proceso.
