El Gobierno británico admite que Irlanda del Norte podría conectarse a la Unión Europea después del Brexit si la nación aprueba en referéndum la reunificación con la República de Irlanda. En mitad de una parálisis política generada por un adelanto electoral, se abre un nuevo frente separatista para Londres que está a la espera de recibir la petición formal de una nueva consulta independentista de Escocia.
El Brexit abre un proceso de consecuencias imprevisibles para la unidad del Reino Unido. La activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa ha proporcionado una fuerza de inusitada a las opciones políticas separatistas de las naciones que componen el país. La salida de la Unión Europea cambia radicalmente el escenario para Escocia e Irlanda del Norte poniendo a prueba los lazos de unión.
Mientras Escocia está a punto de llamar de nuevo a las puertas de Westminster para repetir la consulta de independencia, el propio Gobierno de May ha admitido que las pretensiones separatistas de parte de Irlanda de Norte con la reunificación de Irlanda se pueden convertir en una realidad. El ministro del Brexit, David Davis, ha escrito al parlamentario del Ulster y líder socialista, Mark Durkan, que "Si la mayoría de personas de Irlanda del Norte está favor a favor de la Reunificación con la República de Irlanda, el Gobierno de Reino Unido tiene el compromiso de permitir que ocurra", en una carta filtrada al diario The Times.
En la misiva, el ministro aclara que "Irlanda del Norte estaría en formar parte de la Unión Europea, en lugar de tratar de unirse a la UE como un nuevo estado independiente", en clara alusión a Escocia, que en caso de prosperar su proceso de independencia, tendría que solicitar a Bruselas su integración en el bloque comunitario.
Control directo de Londres
La carta tiene una fuerte carga política en la antesala de comenzar las negociaciones entre Londres y Bruselas, cuando Escocia pide paso para iniciar su propia desconexión y cuando localmente hay una parálisis política en el parlamento norirlandés que podría terminar con el Gobierno de May asumiendo la gestión administrativa de Irlanda del Norte.
En virtud del Acuerdo del Viernes Santo de 1998, que puso fin al conflicto norirlandés, el ministro británico para la región tiene poderes para convocar una consulta si existen evidencias que confirmen un cambio en la opinión pública de la autonomía respecto a su estatus constitucional.
La política norirlandesa vive en una profunda crisis política desde la ruptura de enero entre el Partido Unionista Democrático (DUP) y el Sinn Féin. Las nuevas elecciones celebradas el pasado 2 de marzo han dejado un escenario fragmentado en el que es difícil formar gobierno. El próximo lunes expira el plazo de tres semanas para llegar a un acuerdo, antes de que el control administrativo pase a Londres.
La Reunificación de Irlanda
El enfrentamiento entre los socios de Gobierno se cruza como un rayo en mitad del Brexit añadiendo más frentes abiertos al Gobierno de Theresa May. El partido nacionalista del Sinn Féin está aprovechando la coyuntura para empujar una de sus principales metas políticas, la reunificación de Irlanda. Tanto en Irlanda del Norte como en Escocia, la mayoría del electorado votó a favor de la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea en el referéndum del Brexit. En concreto, se rechazó la desconexión con un 55,8 y un 62% de votos, respectivamente.
La postura oficial del Gobierno de May, hasta la carta de Davis, es que todavía no se dan todavía las condiciones necesarias para activar la consulta de reunificación. Londres está obligado a ceder en el proceso, pero le interesa retrasarlo lo máximo posible hasta que no quede definida la ruptura con la Unión Europea, con la esperanza de que el nuevo acuerdo con Bruselas sea lo suficiente satisfactorio para que los votantes opten por mantener íntegro a Reino Unido ante nuevos referéndums.
Sin embargo, la crisis de gobierno en Irlanda del Norte complica el escenario. El autogobierno proporciona estabilidad política desde hace diez años. Asumir el control directo de gasto y administración abre un proceso legislativo complejo y de desgaste para Downing Street, a la vez que pueden reforzar las ansias separatistas ante una consulta de independencia.