El Gobierno logrará la cuadratura del círculo con su "histórica" Oferta de Empleo Público. Por un lado, logrará la paz con los sindicatos en clave preelectoral, al convocar hasta 270.000 plazas públicas en tres años. Y por el otro, logrará que el gasto de personal no se dispare en época de ajustes, ya que la mayor parte de la oferta irá dedicada a convertir trabajadores interinos en fijos y la creación de nuevos puestos está aún por ver.
Fuentes conocedoras de la negociación que estas semanas están manteniendo Hacienda y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F detallan a elEconomista que el titular del ramo, Cristóbal Montoro, ha cambiado rotundamente el discurso en torno al colectivo de funcionarios en los últimos tiempos. Ello se debe, primero, a la elevada temporalidad en la esfera pública, de unos 295.000 trabajadores (el 10% del total). Un nivel preocupante después de que la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) pusiera patas arriba el mercado laboral europeo al apreciar discriminatorias las condiciones de despido de los trabajadores temporales.
El otro aspecto tiene más que ver, tal y como reconocen en privado varios parlamentarios de la oposición, con la mentalidad preelectoral que existe en el Gobierno, que en principio cuenta con apoyos para aprobar Presupuestos pero no descarta tener que recurrir a elecciones si PSOE, C's y Podemos complican su gobernabilidad.
Montoro, para ganarse a los sindicatos, se propone reducir en hasta un 90% esa temporalidad desde ahora y dejar a menos de 30.000 interinos para el año 2020. Para ello, Hacienda parece dispuesta no sólo a llevar la tasa de reposición al 100% en Sanidad, Educación y Justicia, sino extenderla también a todos los ámbitos en los que los funcionarios trabajan cara al público: Tráfico, oficinas de expedición de DNI o Cuerpos de Seguridad del Estado recobrarán en los próximos meses las plazas que pierdan por nuevas jubilaciones.
Está por ver, además, cómo se comporta el gasto. No solo porque el coste de reconvertir interinos en fijos es una incógnita, sino porque además la tasa de reposición al 50% queda restringida a ámbitos donde en los que el número de trabajadores es mucho más reducido.
Además, los Presupuestos Generales del Estado tendrán que contemplar un aumento de la dotación de unos 1.200 millones de euros por efecto de la posible revalorización salarial del 1% a los 2,96 millones de funcionarios que está dispuesto a asumir el Gobierno, sin que las fuentes consultadas descarten que Hacienda se reserve cierto margen de negociación, durante la negociación de las Cuentas, para revalorizar sueldos en línea con la inflación (para la que se espera un alza del 1,4% en el conjunto del año).
Otra incógnita reside en precisar cuántas nuevas plazas se convocarán este año, más allá de las que reconviertan a interinos en fijos. Fuentes de los sindicatos creen que es difícil saberlo por ahora, ya que las necesidades son muy distintas en función de la esfera administrativa. En cualquier caso, parece que la OPE dará más posibilidades que hace un año, cuando en total se ofertaron algo más de 13.200 plazas en todo el país, por lo que el coste también subirá en este punto.
