El próximo 19 de mayo figura subrayado con rojo para los gestores de las aseguradoras. Las compañías publicarán el bautizado como Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia (SFCR, en inglés), un documento donde realizarán una valoración de su situación de capital, su sistema de gestión basado en riesgos y el resultado global de todo ello -tendrán seis semanas más para el informe consolidado de grupo-.
Se trata del primer ejercicio de transparencia sobre sus cálculos sobre los recursos propios acumulados y construidos conforme a las nuevas reglas que el 1 de enero de 2016 entraron en vigor con Solvencia II, pero cuya implantación en ciertos aspectos será progresiva durante 15 años. Un "destape" que dejará, en balances homogéneos y comparables, a la vista de los mercados la robustez y fragilidades de la industria europea en su conjunto y de manera individual por grupos y entidades.
Su difusión pública llega rodeada de cierta expectación por ser el primero y por si desencadena decisiones regulatorias y supervisoras aparcadas en stand by. Por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (Eiopa) sugirió el pasado mes de diciembre a las autoridades nacionales medidas drásticas, como limitar el pago de los dividendos a las compañías de Vida y mixtas donde observen debilidades en la gestión de riesgos, con foco especial en las ocasionadas por los tipos de interés ultrabajos.
La Eiopa formuló esta reflexión tras el profundo examen efectuado a 236 compañías de 30 países distintos en los test de estrés difundidos el 15 de diciembre pasado. Dicho ejercicio puso la mira en probar la resistencia de las entidades ante situaciones de mercado fuertemente adversas y bajo hipótesis donde deban operar en un escenario de japonización, con tipos bajos prolongados en varios años; y agravada la situación con una tremenda caída en el valor de los activos.
Otro aspecto, cuya revisión mantiene abierto el regulador y que podría reactivarse a la luz de los datos que se divulguen, es el ajuste del "margen de riesgo", que actúa como una especie de segundo test sobre el cálculo del capital a acopiar en función de los compromisos adquiridos por la compañía y que resulta especialmente sensible también para los seguros a largo plazo.
Son dos medidas que afectan directamente al seguro de Vida y que, con la divulgación de los informes, se espera que se retomen, pudiendo incrementar los deberes al sector.
Aquí el sector español se mueve con ventaja gracias a un regulador y supervisor que, tradicionalmente, ha fijado exigencias más garantistas de las vigentes en países del entorno. Una ley de 1989, que ha inspirado al regulador Europeo para fijar nuevas reglas de juego en el Viejo Continente, obliga a las aseguradoras a cubrir casi perfectamente los compromisos adquiridos con clientes con sus inversiones. Si comprometen, por ejemplo, una pensión en los próximos diez o quince años con el 3% anual de rentabilidad garantizada, deberán contar con inversiones que renten por encima de ese guarismo en el plazo estimado.
El 'macheo' de activos y pasivos es casi perfecto, siendo España el único país que lo tiene, junto a Reino Unido donde también existe una vigilancia del casamiento, si bien resulta menos garantista y es más objetiva porque descansa en manos de la figura de los actuarios jefes. La caída a plomo de los tipos de interés coloca, en cambio, en una situación retadora a compañías de países como Alemania, carentes de esa obligación y con compromisos de rentabilidades en productos ya vendidos difíciles de encontrar en los mercados.
Con la publicación de los informes SFCR deberá despejarse si las sugerencias de la Eiopa cristalizan en limitaciones de dividendos o si la revisión del "margen de riesgo" se traduce en requerimientos o recomendaciones de mayor capital. Sea como sea, la posición del seguro español parece privilegiada gracias al celo histórico del supervisor.
