La visión que la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, tiene sobre la salida de su país de la Unión Europea ha demostrado ser totalmente opuesta a lo que algunos de los gobiernos europeos con más peso en el Viejo Continente tienen sobre el Brexit. Tan es así, que las negociaciones están siendo más tensas de lo que en un principio se preveía, con lo que se ha disparado el riesgo de que todo reviente incluso antes de empezar. La pregunta ahora es, ¿pueden levantarse los británicos de la mesa e irse sin pagar la factura?
Según Bloomberg, las demandas iniciales de May -y la advertencia sobre lo que piensa hacer si no se hace a su manera- han elevado la probabilidad de que el Reino Unido salga del bloque en 2019 sin llegar a ningún acuerdo, la peor versión del temido 'Brexit duro'.
Por su parte, desde The Economist aseguran que, a pesar de que la Cámara de los Comunes autorizara a Theresa May a invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa el pasado miércoles, la factura del Brexit será algo "mucho más difícil de manejar". Lo que podría echar por tierra todo el proceso.
Una factura milmillonaria
La dolorosa podría estar comprendida entre los 24.500 y 72.800 millones de euros aproximadamente, según un informe del think-tank del 'Centro para la Reforma Europea' recogido por Alex Barker, corresponsal del Financial Times. La participación de Gran Bretaña de lo que los eurócratas consideran créditos pendientes de liquidación (importe pendiente de pago) sería de alrededor de 29.200 millones de euros, según la estimación de Barker.
Sky News publica este viernes que el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, habría fijado, durante las conversaciones de esta semana en Bruselas, la factura final del divorcio en 57.000 millones de euros. Según el medio, la cifra exacta se acordó en una reunión el lunes; encuentro en el que Francia y Alemania exigieron que el Reino Unido pagara más de 70.000 millones de euros. Business Insider recoge en su edición digital esta información, dando por bueno el montante que Barnier podría demandar a May.
El Secretario de Estado encargado de la salida de la Unión Europea por parte de Reino Unido, David Davis, se está preparando para negociar durante al menos dos semanas la cifra del adiós a los 28, total que deberá revisar la Unión Europea si quiere que finalmente el acuerdo llegue a buen puerto, según aseguran fuentes cercanas al ministro.
"Va a ser complicado, muy complicado", expresó el ex primer ministro finlandés, Alexander Stubb, durante una entrevista en Bloomberg Television esta misma semana. "Cuando se dice que se va a invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, se está hablando de negociar sobre cerca de 200.000 páginas de legislación", enfatizó.
Otro punto de fricción es que mientras Bruselas quiere cerrar una cifra antes de comenzar las negociaciones sobre el resto de cuestiones a considerar, desde Reino Unido se insiste en llevarlas en paralelo.
May y los lores
El Parlamento británico puso a Reino Unido a un paso de la puerta de salida de la Unión Europea con una histórica votación que dividió más a la oposición laborista que a los escaños conservadores. La Cámara de los Comunes aprobó el miércoles la Ley que permitirá al Gobierno invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, iniciando así la carrera de dos años que concluirá con la primera secesión en la historia del bloque.
El proceso pasa ahora a manos de los lores, entre los que los tories no cuentan con mayoría, pero es complicado que, una vez la tramitación comience a partir del 20 de febrero, la cámara alta tumbe la ley, lo que garantiza las posibilidades de Theresa May de activar oficialmente la ruptura antes de final de marzo, como había anticipado a sus todavía socios. El Gobierno británico mantiene los mecanismos para la salida de la Unión Europea bajo secreto de sumario.
La primera ministra es una de las grandes vencedoras del debate que arrancó la semana pasada, después de que el Tribunal Supremo ratificase la potestad de Westminster para autorizar el divorcio. Las tentativas de paralizar el proceso, en forma de rebelión interna por parte de los parlamentarios conservadores pro-Bruselas, fueron sofocadas mediante una estrategia que llevó al Ejecutivo a garantizar una votación en el Parlamento previa a la aprobación del acuerdo final en la Eurocámara.
