Las primeras medidas tomadas por el Gobierno reducen el potencial de crecimiento de España y no garantizan corregir el desequilibrio de las finanzas de las Administraciones Públicas. Esa es una de las conclusiones del informe de Freemarket sobre perspectivas de la economía española, que además pone de relieve el elevado endeudamiento de la economía española.
La combinación de estos factores genera incertidumbre pese a que la inercia es positiva para este año, pero sobre todo siembra dudas respecto a 2018, cuando, de materializarse algunos riesgos externos, el descenso de la actividad puede ser notablemente más acusado. "Existe la clara amenaza de retornar a un escenario de crecimiento débil a partir de 2018", apuntan los expertos.
La subida del impuesto de Sociedades, el incremento de las cotizaciones sociales y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fían el proceso de consolidación fiscal al alza de los ingresos, dejando de lado la reducción de gasto del sector público. Se trata, en suma, de "aplicar la misma estrategia fiscal y presupuestaria que desde 2012 ha impedido conseguir los objetivos de déficit". Es decir, la política monetaria aplicada en los primeros meses de Gobierno no contribuirá a reducir el elevado endeudamiento del sector público español y, por ende, no implica un esfuerzo estructural para reducir el déficit público. Contener el gasto público es una prioridad para una economía que mantendrá sus niveles de endeudamiento alrededor del 100 por cien del PIB hasta 2020, y solo disminuirá al 92 por ciento en 2016.
El riesgo implícito de esta situación es la elevada vulnerabilidad de la economía española ante la emergencia de cualquier shock adverso, que puede poner el jaque la consolidación fiscal, advierte el informe. Teniendo en cuenta el actual contexto de incertidumbre política y económico, con los resultados electorales en EEUU y la imprevisible estrategia trumpiana, el Brexit, la ralentización del comercio mundial o las peores perspectivas para los emergentes, la tensión política parece inevitable.
El déficit, bajo la lupa
Estos peligros se reflejan en las previsiones para el PIB, que abordan un doble escenario: por un lado, una coyuntura sin riesgos externos, en la que el estudio calcula que la economía avance un 2,8 por ciento en 2017. Por otro, un escenario con shocks externos, que reduciría ocho décimas, hasta el 2 por ciento, el crecimiento este año.
Aunque es probable que se cumpla el déficit del 3,1 por ciento del PIB, el fantasma del incumplimiento puede resurgir en 2018 debido a la situación del gobierno, que le condena a una estrategia de mínimos. Aunque se prorroguen los Presupuestos de este año, parece improbable que para 2018 el Gobierno saque adelante un texto "que no contemple bien un aumento del gasto bien un alza impositiva", según el estudio, que advierte además de la doble tesitura que enfrentaría entonces el Ejecutivo: "Deteriorar su credibilidad ante sus electores o ante los mercados".
En el desglose de los efectos de políticas fiscales aprobadas, el análisis hace especial hincapié en la subida del SMI del 8 por ciento, que tiene un efecto negativo sobre el empleo juvenil, femenino y no cualificado, según Freemarket.
En el caso de los trabajadores más jóvenes, un reciente estudio al respecto del Banco de la Reserva Federal de San Francisco calcula que un alza del 10 por ciento del SMI acrecienta en un 1 por ciento el paro juvenil, que en España es del 41,9 por ciento. Supone, argumentan, una barrera de entrada en el marcado laboral para aquellos empleados con sueldos más bajos.
Otro de los peros es que un mayor SMI empuja a las empresas a sustituir mano de obra poco cualificada por aquella más cualificada o con más experiencia, ya que el coste es similar. Freemarket también cuestiona que sea un instrumento contra la pobreza, ya que muchas familias son pobres porque todos sus miembros están en paro, por lo que no reciben ningún beneficio directo.
Respecto a la subida del impuesto de Sociedades frenará la inversión y el empleo y desincentivará la innovación y la productividad. España ocupa el décimo lugar en el ranking de impuestos de Sociedades más altos de la OCDE. Elevar la carga tributaria perjudicará la competitividad de las compañías españolas, lastrará el nacimiento de empresas y terminará por fomentar la deslocalización de las compañías hacia lugares con fiscalidad más favorable.
Por último, el alza en las cotizaciones sociales elevará los costes de las empresas, lo que se traducirá en pérdida de competitividad y empleo, y, por tanto, mermará la ya diezmada estabilidad del sistema de pensiones.
