La investigación de la Guardia Civil apunta a Andreu Viloca, ex tesorero de CDC, como el gestor principal de la trama "con un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder del partido". El político camuflaba los sobornos en las licitaciones en forma de donaciones a las fundaciones CatDem y Fòrum Barcelona, vinculadas al partido. l Los detenidos ascienden a 18 en la operación por la financiación de CDC
La macrooperación de hoy de la Guardia Civil tiene su origen en actuaciones pasadas en el Ayuntamiento de Torredembarra, en Tarragona por la denuncia de varios concejales sobre presuntos sobornos del empresario Jordi Sumarroca al alcalde por alterar la adjudicación del concurso público de Parking Filadors. Pero es una derivada más de la trama del 3% que lleva años salpicando a CiU, durante la época de Jordi Pujol y que continuó con Artur Mas en el Govern, en referencia al porcentaje que supuestamente llegaba a Convergencia de decenas de obras públicas que adjudicaba en Cataluña. Pero la intervención realizada hoy pone de relieve que el presunto sistema de comisiones iba más allá de la Generalitat y las obras pública que concedía a cambio de mordidas, la investigación está centrada en el Ayuntamiento de Barcelona con las detenciones de Antoni Vives, teniente de alcalde con Trias; Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, ya en libertad tras un registro, y el director general de Bimsa, la empresa pública de infraestructuras del Ayuntamiento. l Comunicado de la Fiscalía Anticorrupción
Esta línea de investigación comienza, a mediados del año pasado, con los registros en la empresa Teyco y en el domicilio particular de Sumarroca, en los que se localizaron indicios que apuntaban a que, además de consumar presuntos sobornos en la persona del alcalde de Torredembarra, se consumaban sobornos hacia Convergència Democrática de Cataluña (CDC), más tarde integrada en CiU a través de "donaciones" a la Fundació CatDem. Todo ello como pago por las adjudicaciones presuntamente fraudulentas recibidas, destaca la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación llegó a la conclusión que dicha fórmula se había consumado de igual forma en otros ayuntamientos de Figueres, Sant Celoni, Sant Cugat y Lloret de Mar, gobernados por CiU.
Las diligencias practicadas en los cuatro consistorios y las pruebas conseguidas llevaron al juez instructor a ordenar los registros en Fundació CatDem y, acto seguido, en la sede de CDC, al confirmar que Viloca que tenía el cargo de administrador y tesorero de la Fundació CatDem, ostentaba los cargos de tesorero del partido y de otras fundaciones.
Viloca llevaba un control exhaustivo de licitaciones
Viloca hacía un especial seguimiento de las adjudicaciones y licitaciones otorgadas por entidades públicas gobernadas por CDC, tanto a nivel local y provincial como autonómico a través de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.
Además, la Guardia Civil detectó comunicaciones con ciertos empresarios sobre asuntos relacionados con adjudicaciones, listados de empresas adjudicatarias y donantes. "Viloca llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC", explica la Fiscalía, que apunta a que controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Fòrum Barcelona.
La Guardia Civil intervino anuncios de licitaciones que posteriormente eran adjudicadas a unas empresas con cuyos representantes se reunía previamente y de quienes se recibía donaciones para CatDem, constatando como dichas empresas efectuaban la oportuna donación a la fundación, tanto en proximidad a la publicación de las licitaciones como inmediatamente posteriores a la adjudicación.
Viloca detenido en 2015
Andreu Viloca fue detenido a finales de 2015, y posteriormente puesto en libertad, mientras avanzaba la investigación. La Guardia Civil en varios informes aportados a la Fiscalía Anticorrupción ha acreditado que todos los supuestos de contratación pública habrían sido amañados, de manera que "la irregularidad no consiste en saltarse los requisitos formales sino en que viene otorgados previamente, dándoles los investigados una apariencia de regularidad".
La Fiscalía indica que si no se vincula los concursos a las reuniones previas y las donaciones, fundamentalmente a CatDem, no se atisba su carácter fraudulento. Además, indica que todas las adjudicaciones estarían controladas por CDC.