Las empresas británicas tendrán un máximo de dos años para adaptarse al contexto que surja de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, una vez la negociación haya concluido en 2019, de acuerdo con el ministro del Brexit. Después de que Theresa May admitiese en la presentación de su plan para el divorcio su disposición a admitir convenios transitorios cuando el proceso haya quedado completado, David Davies se mostró convencido de que, transcurridos los dos años que establece el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Gobierno "tendrá sus acuerdos". Goldman Sachs, HSBC y UBS ya barajan el traslado 3.000 empleados por el Brexit.
El único obstáculo que anticipa y que "podría llevar un poco más es la implementación" de lo que la ruptura supondrá a nivel global, según declaró ayer en el Parlamento. No obstante, cree que esta "fase no llevará mucho, un año o dos", a pesar de que la visión en el continente ha resultado menos optimista que la que el Gobierno quiere hacer ver.
La mayoría de los líderes ha saludado la "claridad" facilitada por la primera ministra tras seis meses de incertidumbres, pero las amenazas sugeridas en caso de no encontrar la flexibilidad esperada, especialmente en acceso al mercado único, no han pasado desapercibidas para un bloque que, de momento, ha respondido como un frente común en el que cada integrante ejerce su papel.
Así, el rol conciliador asumido por el presidente del Consejo, Donald Tusk, quien situó a los Veintisiete "unidos y preparados para negociar", contrasta con la dureza del negociador jefe de la Eurocámara, Guy Verhofstadt, responsable de advertir de que "los días de la Europa a la carta para Reino Unido se han acabado". No en vano, May dijo querer salir del mercado común, pero poder operar en él, y abandonar la unión de tarifas, pese a aspirar a un sistema que evite a Reino Unido pagar por intercambios comerciales con el continente.
Sus demandas resultan incompatibles para el presidente de Francia, quien descarta ya que Reino Unido pueda disfrutar de mejores condiciones una vez deje la UE. Su criterio no sentó bien al ministro de Exteriores británico. "Si monsieur Hollande quiere administrar palizas de castigo a cualquiera que quiera escapar, como en una película de la II Guerra Mundial, no creo que sea la manera de proceder, ni vaya en los intereses de nuestros aliados", declaró Boris Johnson, en lo que acabó constituyendo su enésimo conflicto diplomático, puesto que el Número 10 tuvo que intervenir para descartar que el jefe de la diplomacia hubiese "sugerido que nadie sea nazi".
La primera prueba para el Gobierno, en cualquier caso, tendrá lugar el próximo martes, cuando el Tribunal Supremo se pronuncie sobre a quién le compete activar el Brexit, si al Ejecutivo mediante la prerrogativa real a la que se arroga, o al Parlamento. Después de que el Alto Tribunal otorgase la potestad a Westminster, Downing Street trabaja sobre la base de que perderá la apelación. Por ello, prepara ya una estrategia de minimización de daños que le permita presentar al legislativo una proposición de apenas tres líneas para que le autorice a invocar el Artículo 50 antes de final de marzo.
Sólo a partir de ahí la maquinaria comunitaria aceptará iniciar los contactos. Uno de los puntos de fricción radicará en la posibilidad de gestionar el divorcio en paralelo a la negociación de la nueva relación comercial, una aspiración británica que ineludiblemente colisionará con la posición de la UE, que mantiene que el acuerdo de libre comercio solo se podrá comenzar a evaluar una vez zanjada la ruptura.
Por si fuera poco, el problema se acrecienta con los intereses domésticos de cada Estado miembro: mientras es improbable que Alemania y Francia estén dispuestos a dar prioridad al proceso hasta que resuelvan las elecciones que tienen previstas este año, May quiere evitar a toda costa que su cita con las urnas, prevista con 2020, tenga lugar sin haber completado el Brexit.
Grandes bancos inician el éxodo
Los bancos Goldman Sachs, HSBC y UBS están barajando el traslado de 1.000 empleados cada uno desde Londres a Europa como consecuencia de la pérdida del 'pasaporte' europeo que sufrirán las entidades financieras afincadas en Reino Unido tras el Brexit.
Tanto el presidente de UBS Axel Weber, como el consejero delegado de HSBC, Stuart Gulliver, indicaban ayer en Davos que planean el traslado de un total de 1.000 empleados establecidos en Reino Unido cada uno, mientras que Goldman Sachs transferirá a otros 1.000 empleados desde Londres a Fráncfort, según el Handelsblatt alemán, que cita a fuentes financieras.
"Nos moveremos dentro de dos años, cuando el Brexit entre en vigor", indicó Gulliver a la agencia Reuters en la reunión anual del Foro Económico Mundial, donde posteriormente precisó que el traslado sería a París. Por su parte, Weber aseguró a la BBC que 1.000 empleados de UBS del total de 5.000 establecidos en Londres tendrán que ser reubicados después de que las entidades británicas pierdan su "pasaporte" para operar en Europa.
