La VI Conferencia de Presidentes ha acordado este martes que el nuevo sistema de financiación autonómica esté aprobado este año, una vez que los trabajos para elaborarlo empezarán dentro de un mes, cuando se constituya la comisión de expertos con participantes de todas las administraciones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confía en que la Generalitat participe en el proceso que se abre para decidir el nuevo modelo de financiación autonómica, pero está dispuesto a sacarlo adelante y a aplicarlo también en Cataluña aunque el ejecutivo catalán no forme parte de la negociación.
"No se puede pedir al resto de comunidades autónomas que no haya un modelo de financiación porque un gobierno no quiera ir. ¿Qué quiere que hagamos los demás?", se ha preguntado antes de insistir en que no le "cabe en la cabeza" que la Generalitat no participe finalmente en un asunto de tanta trascendencia. Por ello cree que "la cordura y el sentido común se van a imponer" y, en consecuencia, él está tranquilo.
"El Gobierno catalán tiene abierta la puerta para que nombre un experto cuando quiera, hoy, al inicio, a la mitad o al final de los trabajos. En cuanto quieran pueden incorporarse a cambio de nada", ha precisado Rajoy, quien ha insistido en que al Gobierno catalán le importa el modelo de financiación y sería bueno que opinara sobre el mismo.
Un nuevo modelo
En rueda de prensa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado que esa esa la intención, renovar el modelo de financiación autonómica. En la Conferencia ya estaba previsto aprobar un pacto para preparar un nuevo sistema de financiación, pero hoy se ha incluido el compromiso de que se apruebe en 2017.
Por otro lado, sobre la armonización fiscal entre comunidades que reclaman algunos presidentes autonómicos, no se ha llegado a ningún compromiso más allá de estudiar el asunto con la propia reforma del sistema.
Visto bueno a 5 acuerdos
La Conferencia de Presidentes celebrada hoy ha aprobado ya la mitad de los diez acuerdos que Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos tienen encima de la mesa.
Han sido acuerdos que ya venían muy trabajados por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y su equipo y por las Consejerías de Presidencia de las autonomías, que hasta ayer por la noche estuvieron supervisando los textos y cerraron prácticamente toda la redacción.
Políticas de empleo
El de políticas de empleo, basado en la mejora del sistema de formación profesional y en la implantación de la garantía juvenil, ha sido el primero en confirmarse, antes del relativo a protección civil, que incluye la creación de una Comisión de Coordinación entre administraciones en virtud de la Ley del año pasado.
La redacción este año de una Estrategia Nacional frente al reto demográfico, la cual pondrá al Gobierno y a las comunidades a trabajar para paliar el desequilibrio entre población joven y población envejecida, ha sido el tercer punto.
Pacto educativo
El cuarto ha versado sobre el pacto educativo, en función del cual la comisión general de comunidades autónomas del Senado recibirá a los consejeros de Educación de las autonomías para que expongan su situación y puedan llevarse las conclusiones al trabajo de la subcomisión del Congreso, que precisamente busca certificar un acuerdo amplio en la materia.
El ecuador de ese camino de diez acuerdos ha llegado con el pacto de garantía de unidad de mercado y de movilidad interadministrativa, que incorpora aumentar la actual tasa de reposición de los empleados públicos en servicios esenciales como sanidad o educación, al igual que en cuerpos policiales y operativos de emergencias.
