Theresa May se enfrenta a otro escollo legal más para abrir las negociaciones con la Unión Europea sobre la salida del Reino Unido. La crisis de gobierno de Irlanda del Norte, que podría terminar con la convocatoria de nuevas elecciones, podría retrasar la activación del artículo 50 durante meses si el Tribunal Supremo decide que los parlamentos regionales deben aprobar la decisión de la premier.
El próximo martes, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha prometido que detallará los planes de su Gobierno para dar luz verde al Brexit, y lo hará justo días antes de que el Tribunal Supremo decida si el Ejecutivo puede invocar de forma independiente el artículo 50 del Tratado de Lisboa o necesita la aprobación del parlamento británico.
El gobierno de May recurrió la primera sentencia del alto Tribunal que obligaba que la decisión se sometiera a votación en la cámara de los diputados. Pero además de admitir la alegación del ejecutivo británico, hizo lo mismo con los recursos gobiernos autónomos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte para también participar en el proceso deliberativo votando la decisión del Ejecutivo central.
En caso de que el Tribunal Supremo decida que todas las asambleas del país deban pronunciarse sobre la activación del artículo 50 abre otra derivada legal con la crisis de Gobierno que atraviesa Irlanda del Norte. La ruptura del Sinn Fein con los Unionistas en el gobierno de coalición puede provocar la convocatoria de unas elecciones anticipadas, que llevaría a que el parlamento irlandés estuviera disuelto, con lo que no podría aprobar una hipotética consulta sobre el Brexit, según adelanta el diario británico The Independent, que apuesta por votaciones en los cuatro parlamentos británicos.
La líder del partido Alliance Party, Naomi Long, con ocho diputados en Stormont, ha asegurado que el gobierno de May se enfrenta a un desafío legal si el parlamento no está constituido y ha amenazado con un recurso al Supremo si hay activación del artículo 50.
Martin McGuinness, ex miembro del IRA y vicepresidente del gobierno irlandés, negociador del dimitió en protesta por la gestión de la líder unionista en el Ejecutivo, Arlene Foster, de un escándalo de presunta corrupción en un programa de promoción de combustibles renovables, a principio de semana. Salvo sorpresa, e Partido Unionista Democrático tiene difícil encontrar suficientes apoyos para mantenerse en el Ejecutivo, con lo que está obligado a convocar próximos comicios.
Después de la sentencia de noviembre del Tribunal Supremo de Reino Unido, Irlanda del Norte presentó un recurso para que no sólo Westminster se manifestara obligatoriamente, también Stormont.
Los medios británicos han avanzado que a finales de la próxima semana se conocerá la decisión final del Tribunal Supremo. Por ello sorprende que la primera ministra May haya convocado una rueda de prensa el próximo martes.
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