A finales del año pasado, los partidos representados en el Pacto de Toledo se comprometieron a llegar a los meses de febrero o marzo de 2017 habiendo cerrado en el Congreso un plan con propuestas firmes que permitan garantizar la viabilidad futura del sistema público de pensiones. Sin embargo, la que promete ser la reforma crucial de la legislatura no va a llegar en primavera y se va a hacer de rogar, al menos, hasta el inicio del verano.
La comisión parlamentaria creada en 1995 con la misión de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones "está discutiendo, pero no tendrá conclusiones antes de mayo o junio", según se lamentó ayer el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, quien no se aventuró a garantizar que, efectivamente, vaya a haber un plan de acción definido a principios de este verano.
En una sesión informativa sobre pensiones organizada por IESE Business School en Madrid, Bravo partió de la base de que "las pensiones están garantizadas" y recordó que, según anunció recientemente el Gobierno, en el caso más extremo se recurrirá a deuda pública para asegurar el pago a los pensionistas. Un as en la manga que, a ojos de CCOO, es "una opción", pero dista de constituirse como "la fórmula ideal".
No obstante, Bravo apremió a despejar la actual situación de incertidumbre en torno a la viabilidad del sistema y urgió a "tomar medidas de inmediato", que garanticen no solo su sostenibilidad, sino también la "suficiencia prestacional". A su juicio, la reforma pasa por "mejorar los ingresos por las dos vías", por la de las cotizaciones, dando mayor calidad al empleo, y por medio de una financiación adicional a través de los impuestos.
El objetivo, según viene reclamando el sindicato, es alcanzar un gasto en pensiones cercano al 13 o 14% del PIB, frente al 11% actual, para que el sistema mantenga el nivel de prestación y se aproxime al entorno europeo.
