Pasan los días de diciembre y es inevitable preguntarse qué nos deparará el aún no estrenado 2017. Desde el punto de vista laboral, muchos son los retos que permanecen sobre la mesa para el próximo año: el paro, la financiación de las pensiones, el sistema de cotización, el fomento de unas relaciones laborales no precarizadas, la regulación de la negociación colectiva, el equilibrio entre salarios y necesidades económicas, la regulación del trabajo autónomo y la equiparación e igualdad retributiva entre hombres y mujeres, son cuestiones que todavía permanecen esperando una respuesta eficaz.
Una de las necesidades urgentes es dotar de una nueva regulación a los trabajadores autónomos. Las dificultades en materia de financiación, ligadas a las exigencias de gestión tributaria y administrativa, los bajos incentivos a la contratación y el incremento de impagos en determinados sectores -sin que existan formulas rápidas y eficaces de reclamación-, provocan que el trabajo autónomo sufra también una lastra de precarización que, si se convierte en tendencia, puede acabar desincentivando la iniciativa emprendedora a medio y largo plazo.
En esta materia, el pacto entre PP y Ciudadanos y los movimientos que se vienen realizando en las comisiones parlamentarias destinadas a ello nos permiten prever algunos avances legislativos destinados a la flexibilización de la faceta empresarial del trabajador autónomo, (incremento de los gastos que tienen carácter deducible, flexibilidad en el cambio de cotización y limitación de cuotas, configuración del emprendimiento a tiempo parcial, vinculación del esfuerzo tributario y de seguridad social a los ingresos reales, etcétera), pero no parece que vayan a resolverse problemas estructurales en cuanto a financiación, competitividad, protección de las inversiones...
Otro de los problemas principales seguirá siendo el desempleo. Si bien todas las previsiones apuntan a que durante el próximo año bajará la tasa de desempleados y subirán los afiliados a la Seguridad Social, lo cierto es que el ritmo de crecimiento del empleo no es suficiente si tenemos en cuenta el descenso de personas ocupadas en los últimos años. Y pese a que en las dos últimas campañas electorales todos los partidos políticos se han esmerado en proponer recetas para el pleno empleo, lo cierto es que las medidas que se contemplan actualmente como viables no presagian la solución del problema.
La limitación del número de contratos a tres, así como la creación de la modalidad de indemnización creciente, no funcionará como acicate a la contratación sencillamente porque no va a generar la confianza suficiente, ni va a ofrecer tampoco la flexibilidad necesaria para contratar en tiempos de desconfianza.
En definitiva, las modalidades contractuales propuestas no aportan gran cosa a la realidad de la contratación actual, puesto que las situaciones de facto son muy similares a las soluciones propuestas y, lo que es peor, los tres tipos de contratos que están destinados a quedarse dejan sin cubrir determinadas necesidades productivas reales, generadas por puntas de trabajo, obras o servicios determinados, etcétera.
Más contención salarial
La previsión respecto a las condiciones de trabajo no anuncia tampoco grandes cambios. La contención salarial seguirá siendo protagonista, y a buen seguro seguirán firmándose convenios colectivos con índices de revisión salarial incluso por debajo de los recomendados por el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, relativo a los años 2015, 2016 y 2017.
En paralelo, seguirán siendo muchas ?aunque menos que en años anteriores- las empresas obligadas a realizar procedimientos de descuelgue o modificaciones de condiciones de trabajo con el fin de ajustar la masa salarial a sus posibilidades de pago, lo que constituye una contención o reducción salarial de facto adicional a la pactada en los convenios colectivos.
Dada la situación global, cada vez son más -y crecerán en 2017- los convenios que contemplen cláusulas de revisión desvinculadas del IPC y tendentes a enlazar el salario a la realidad del sector o de la empresa, siguiendo las recomendaciones de relacionar el salario a la productividad realizadas por todos los interlocutores sociales.
Y ligado directamente a lo anterior, seguimos y seguiremos padeciendo el déficit en materia de financiación de las pensiones y cotizaciones a la Seguridad Social. En efecto, si no se incrementa de forma considerable el número de cotizantes y si se mantienen, o incluso se reducen aún más, las bases de cotización, la sostenibilidad del sistema de pensiones va a requerir de importantes ajustes estructurales, ya que actualmente la famosa hucha de las pensiones conserva solamente 15.915 millones de euros tras la última retirada que ascendió a 9.500 millones de euros.
Una de las propuestas que se baraja en el seno del Pacto de Toledo es financiar las pensiones de viudedad y orfandad mediante impuestos. Esto podría generar un ahorro de aproximadamente 21.000 millones de euros, que es más que el déficit que este año ha acumulado el Fondo de Reserva. Sin embargo, esta medida no resolvería el problema, sino que simplemente lo trasladaría a otro Ministerio.
Cualquier solución real y efectiva pasará por un aumento considerable de cotizantes o por un incremento de las cuotas de cotización, lo que está provocando que algunos sectores hablen ya de ampliar o eliminar los topes y bases máximas de cotización a los salarios más altos.
No obstante lo anterior, por ahora lo que sabemos es que para el año 2017 las bases máximas subirán un 3% (3.751,2 euros), que unido al incremento del salario mínimo, aumentará en 400 millones euros los ingresos de la Seguridad Social, lo que resulta a todas luces insuficiente visto el estado y uso del Fondo de Reserva.
Pablo Urbanos Canorea , Abogado Laboralista y Profesor del Área de Derecho del Trabajo en el Centro de Estudios Financieros (CEF) y Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
