El Gobierno eligió la noche de este viernes para remitir a Bruselas las medidas de ajuste con las que piensa encauzar el déficit público, que en ningún caso debe superar el 3,1%. Lo hizo a través del plan presupuestario, un documento de 50 páginas en las que dejó testimonio de subidas de impuestos y reducciones de gasto. En este sentido, sorprendió que Moncloa piense gastar 2.300 millones de euros menos en la partida de intereses de la deuda, en un momento en el que el precio del petróleo y la inflación han comenzado a subir y cuando el pasivo, lejos de bajar, se ha incrementado hasta los 1,1 billones.
Hasta última hora este periódico intentó saber si ese ahorro del 7% en la partida de intereses se iba a producir sobre los 33.490 millones que se presupuestaron para este año; o por el contrario esa cifra parte de los 31.500 millones que finalmente se habrán gastado una vez concluya 2016, toda vez que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya anunció que este año los bajos intereses de la deuda iban a provocar "un ahorro de unos 2.000 millones de euros". La tardanza a la hora de remitir a los medios el plan hizo imposible conocer al detalle a cuanto ascenderá la cantidad que finalmente se dedique a sufragar el enorme volumen de pasivo de nuestras Administraciones.
La de intereses es la segunda partida más voluminosa de los Presupuestos del Estado por detrás de la de pensiones, que se ha llevado en los últimos años más de 130.000 millones de euros. Su reducción se sumaría a otro recorte de gasto importante: los 900 millones que Moncloa dice poder ahorrar a través de nuevas medidas de la Comisión para la Reordenación del Sector Público, la famosa CORA. En cualquier caso, el recorte de gasto no alcanzará ni por asomo los 7.505 millones de subidas de impuestos.
Las grandes empresas serán las que se responsabilicen del grueso de ese ajuste, en tanto que solo a través del impuesto sobre Sociedades el Ejecutivo confía en recabar 4.655 millones de euros adicionales en 2017, esto es, el 62% del ahorro total.
Los nuevos incrementos anunciados en los Impuestos Especiales y Medioambientales -con el alza prevista en el alcohol y el tabaco, entre otras medidas- servirán para recabar 850 millones de euros. En torno a 300 millones de euros más se ingresarán por la vía de las cotizaciones sociales.
Por otra parte, el Ejecutivo de Mariano Rajoy confía en que las medidas de mejora en la aplicación de los tributos, que afectan a la regulación de los aplazamientos puedan incrementar la recaudación en otros 1.500 millones; y que las de lucha contra el fraude, tales como la regulación más estricta del IVA o la limitación del pago en efectivo a 1.000 euros, añadan 500 millones de euros más a las Arcas Públicas el año que viene.
La mayor parte de estas medidas fueron aprobadas de forma urgente (vía Real Decreto) el pasado 2 de diciembre y entraron ya en vigor el día siguiente. El resto, fundamentalmente el nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas y carbonatadas, la reforma de la fiscalidad medioambiental y medidas adicionales de lucha contra el fraude, se incluirán en un proyecto de Ley de medidas en materia tributaria y de lucha contra el fraude fiscal que sí será enviado al Congreso para su negociación con el resto de grupos.
5.000 millones de ajuste
La actualización del Plan Presupuestario remitido a última hora de este viernes desvela un ajuste de 5.000 millones antes de final de año aprobado mediante un Acuerdo de No Disponibilidad, que aprobará el Consejo de Ministros antes de que finalice el 2016. La cifra de gasto no disponible permitirá cumplir, asevera La Moncloa, con el objetivo de déficit del 3,1% para el próximo año. Todo ello incluso si la negociación política se empaña y no se pueden aprobar con celeridad las cuentas públicas.
La aprobación del ajuste de 5.000 millones de euros en relación al Presupuesto anual inicialmente aprobado impide, de facto, que las Ministerios así como las empresas públicas asociadas a los mismos adquieran nuevos compromioss de gasto hasta que no estén aprobados los nuevos Presupuestos para 2017 que, recordemos, aún se encuentran en fase de negociación. En caso de que finalmente el Gobierno consiga el acuerdo parlamentario que necesita para sacar adelante las Cuentas del próximo ejercicio, no se prevé que éstas se aprueben hasta el próximo mes de marzo.
Un ajuste con precendentes
El Acuerdo de No Disponibilidad atará de pies y manos el gasto público hasta entonces, en una medida que recuerda a la que se llevó a cabo en el año 2011. El Gobierno aprobó un Acuerdo de No Disponibilidad, dentro de los presupuestos prorrogados de 2011, por valor de 8.900 millones, que afectó a partidas tan importantes como la Sanidad. Lo hizo porque se había comprometido a aprobar nuevos Presupuestos de cara a 2012, pero como Mariano Rajoy tomó posesión a finales de diciembre no daba tiempo material a aprobar las cuentas.
El Acuerdo de No Disponibilidad también tendrá en esta ocasión como protagonista al déficit público, que debe bajar desde el 4,6% en el que hipotéticamente quedará cuando termine este año.
España se juega además su credibilidad después de incumplir las metas fiscales de los últimos ejercicios, algo que estuvo a punto de costar una multa de 6.000 millones de euros de manos de las autoridades europeas.
