La teoría convencional ha sostenido durante décadas que aumentar el salario mínimo es perjudicial para la creación de empleo porque, según la ley de la oferta y la demanda, un sueldo más elevado contrae la demanda de trabajo. Sin embargo, el incremento del SMI tiene también un lógico impacto positivo en la renta de los trabajadores y, por tanto, implica un aumento del poder adquisitivo de la ciudadanía, que impulsa el consumo y estabiliza la economía.
Ante esta disyuntiva, los expertos coinciden en que, si bien toca subir los sueldos en España, el alza no debe ser superior a la combinación del incremento de la inflación y la evolución de la productividad. "Ha llegado el momento de subir los salarios, pero siempre en función de la productividad", sostiene el director de IMF Business School, Carlos Martínez, para quien introducir un "plus" a los trabajadores serviría para "animar el consumo".
También es el punto de partida de las organizaciones sindicales, que defienden un fuerte aumento de los salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis y acercarlo a países del entorno europeo, como Holanda, Bélgica o Francia, donde el SMI llega incluso a triplicar al español. Según los últimos datos de Eurostat, distribuidos en 12 pagas prorrateadas mensualmente, el SMI alcanza los 1.537,2 euros en Holanda, 1.531,9 en Bélgica y 1.466,6 en Francia, frente a los 764,4 euros que reciben los empleados españoles (655,2 euros, en 14 pagas).
Ante esta tesitura, CCOO y UGT instan al Gobierno a incrementar el SMI hasta 800 euros en 2017 y situarlo en torno a los 1.000 euros en 2020, aproximándose al 60% del salario medio. En una nota conjunta, los sindicatos recuerdan que el SMI ha sufrido una pérdida de poder de compra de 2,7 puntos en los últimos cinco años y que, durante ese periodo, las subidas nominales del SMI han sido "irrisorias": menos de 14 euros.
Sin embargo, del lado empresarial advierten de los efectos perniciosos que puede tener en la actividad y en el empleo el aumento salarial y frecuentemente relacionan incrementos del SMI con trabas a la contratación y subidas del desempleo.
Pero, ¿existe realmente una relación directa entre el SMI y la tasa de paro? Para el profesor y coordinador del departamento de Investigación del IEB, Miguel Ángel Bernal, "no existe ningún estudio que pruebe la relación entre el salario mínimo y el desempleo". De hecho, los datos ponen de manifiesto que los países con un SMI considerado alto no tienen por qué tener un elevado desempleo. Es el caso de Luxemburgo: el país de la UE con el salario mínimo más alto (1.922,9 euros al mes) tiene una tasa de paro del 6,3%, menor que la de Bulgaria (7,5%), que tiene el salario mínimo más bajo de los 28 (214,7 euros).
En este sentido, una investigación de Arindrajit Dube, economista especializado en Economía del Trabajo y profesor de la Universidad de Massachusetts, constató que el aumento sectorial del salario mínimo no reduce puestos de trabajo como predice la teoría convencional. Dube investigó durante 20 años en distintas regiones de Estados Unidos y demostró que un alza del SMI de entre un 4% y un 7% retiene a los trabajadores y mejora su productividad, impacta en el consumo, en la mejora del empleo y, por ende, en la estabilidad de la economía.
Alternativas
Pero, ¿es tal la repercusión del salario mínimo? Por su parte, el investigador de Fedea Marcel Jansen sostiene en un artículo que el SMI es vinculante en menos del 2% de los nuevos contratos a tiempo completo. "La baja incidencia se explica por la alta cobertura de los convenios colectivos, que suelen imponer tarifas mínimas superiores al SMI", argumenta.
Pero la situación cambia radicalmente si nos fijamos en los jóvenes. España igualó el salario mínimo de jóvenes y adultos en 1998 y, desde entonces, el SMI es igual para todos los trabajadores, en contraste con la regulación en países como Holanda, donde el salario mínimo crece con la edad del empleado. En este sentido, Jansen aboga por reintroducir en España un salario mínimo juvenil como "mecanismo para que los jóvenes paguen una mayor proporción del coste de su formación".
Otros argumentos pasan por la repercusión de la subida del SMI en la caída de la precariedad, pero Bernal no comulga con esta idea. "La solución a la precariedad está en el contrato único", afirma. Una opción de contratación para luchar contra la temporalidad (el 27% de los asalariados en España tienen un contrato temporal) promovida por partidos como Ciudadanos y el Partido Popular, que lo bautizó en su acuerdo con la formación naranja para la investidura de Mariano Rajoy como "contrato de protección creciente".
El amplio acuerdo entre el PP y Ciudadanos incluía también la introducción de un "complemento salarial garantizado", un impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas que mejore los ingresos de los trabajadores en función de su jornada laboral, su renta, condiciones y patrimonio familiar.
Ahora, ¿qué diferencia existe entre este complemento y la renta básica propuesta por Podemos? La idea de la formación naranja y los populares es que esa renta sea complementaria a los ingresos laborales de los hogares y beneficie a aquellos trabajadores que no alcanzan el salario mínimo anual (9.172,8 euros). Podemos propuso una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo, y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en 8.011 euros al año.
SMI, precios y poder de compra, 2001-2015
(1): Durante los 6 primeros meses el SMI fue de 460,5 euros y durante los 6 siguientes 490,8 euros.
(2): 2016: Promedio de las variaciones interanuales de datos mensuales, de enero a octubre.
(3): Crecimiento % IPC - Crecimiento nominal SMI.
Fuente: CCOO a partir de datos del INE.
